El proyecto de Farc

En el Congreso han surgido distintas opiniones respecto al proyecto de ley que radicó el partido Farc en desarrollo del punto cuatro de los acuerdos de paz de La Habana. La iniciativa busca viabilizar el Tratamiento Penal Diferencial para pequeños cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola. Según el senador de esa colectividad, Julián Gallo, se “busca darle una salida por la vía de un tratamiento penal diferencial a los centenares de campesinos y campesinas que, dadas las situaciones socioeconómicas y de subsistencia, se han visto obligados a este tipo de cultivo. Buscamos hacer justicia social con estas personas, pretendemos la creación de un programa de sustitución voluntaria de estos cultivos y la creación de una política pública antidroga”.

Polémico antecedente

“…Hay que hacer memoria (…) A finales del año pasado el gobierno Santos, con el entonces ministro de Justicia, Enrique Gil a la cabeza, presentó un proyecto sobre tratamiento penal diferenciado a pequeños cocaleros que fue fuertemente criticado por el fiscal Néstor Humberto Martínez, que consideró que la extensión que se definió para diferenciar un pequeño cultivo de coca de uno industrial (3,8 hectáreas) era inconveniente y podría estar abriendo la puerta para una atomización del narcotráfico en busca de un beneficio penal (…) Recuerde que hubo una polémica entre el Fiscal y el propio presidente Santos (…) Lo cierto es que el pulso lo terminó ganando el Fiscal y la iniciativa se hundió (…) Luego volvió a ser presentada en marzo pasado, introduciéndole algunas de las advertencias del Fiscal, pero tampoco progresó en el Congreso”, recordó a un periodista de EL NUEVO SIGLO un senador de la Comisión Primera.

Tres obstáculos

Según la misma fuente, que pidió la reserva de su nombre porque el proyecto apenas si fue radicado y no hay que “alebrestar los ánimos anticipadamente”, la iniciativa radicada por la bancada del partido Farc se estrella con tres obstáculos difíciles de superar. “… El primero es que el gobierno Duque ya anunció un tratamiento penal más drástico al pequeño narcocultivador y que no habrá más acuerdos de sustitución voluntaria y compensada, salvo los que dejó firmados el gobierno Santos (…) El segundo, que si bien este gobierno y los dos siguientes están obligados a la implementación normativa del acuerdo de paz, no dio un plazo límite para ello, por lo que negar este proyecto ahora no sería violatorio del pacto, pues quedan 11 años para volver a intentarlo (…) Y tercero, que el partido Farc tendría que buscar apoyos no solo de la oposición sino de los partidos independientes para vencer la segura negativa del uribismo”.

Estrategia chavista

En el alto gobierno colombiano cada vez hay más certeza de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y el grueso del chavismo radical van a aumentar en las próximas semanas sus acciones de provocación en la frontera con el objetivo de ‘sacarle la piedra’ al presidente Iván Duque. La reciente incursión militar de helicópteros y uniformados en zona rural de Tibú (Norte de Santander) sería un primer paso en esa dirección y podrían venir más en algunas semanas. Este sería uno de los temas que se llevarían a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que aún no es citada oficialmente.

Cautelosa revisión

Poco se sabe del análisis que está haciendo el gobierno Duque del proceso de negociación con la guerrilla del Eln. Según trascendió, la evaluación de las tratativas, a cargo del alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, se desarrolla en medio de un ambiente de mucha cautela, más aún porque esa facción subversiva no ha liberado a los militares, policías y civiles secuestrados hace dos semanas en Chocó y Arauca. Solo a mediados de septiembre se darían las primeras gubernamentales al respecto.