Un grupo de senadores de distintos partidos considera que el ministro del Interior, Guillermo Rivera, que ha encabezado toda la ofensiva jurídica para tratar de resucitar el proyecto de acto legislativo que creaba las 16 curules de paz en la Cámara, se podría convertir en el primer miembro de un gabinete al que se le podría adelantar con todo éxito un debate de moción de censura. “… Creo que Rivera es muy de buenas, porque si el Congreso estuviera sesionando en estos momentos, estoy seguro de que reuniríamos los votos necesarios para aplicarle la moción de censura por la forma en que está tratando de violentar la autonomía del Congreso y afectando la independencia de los poderes”, advirtió un veterano senador conservador.

Aniversario de ley de amnistía

El próximo miércoles se cumple el primer año de la aprobación por parte del Congreso de la ley de amnistía a los guerrilleros desmovilizados de las Farc. Como se recuerda, esa norma fue la primera de la fase de implementación normativa del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc. Sin embargo, lo más llamativo es que doce meses después de la aprobación de la iniciativa y cuando más de 10 mil desmovilizados ya han tramitado su amnistía, la Corte Constitucional todavía no le ha dado el visto bueno a la norma. Incluso, pese a que fue aprobada primero que el acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Corte prefirió primera abocar el estudio de constitucionalidad de esta última norma marco de la justicia transicional, emitiendo su fallo hace pocas semanas.

No alcanzó este año

A mediados de noviembre, tras el fallo de la JEP, EL NUEVO SIGLO le preguntó al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero,  sobre la ley de amnistía y respondió que el alto tribunal abocaría inmediatamente el estudio de la norma. Sin embargo, terminó el 2017 y no hubo humo blanco, pese a que tanto las Farc como el Gobierno han advertido que se requiere de ese fallo de exequibilidad para darle seguridad jurídica al proceso, sobre todo después de los ajustes a la JEP tanto en el fallo de la Corte como en el Congreso en el trámite de la ley estatutaria reglamentaria.

La advertencia de la CPI

El temor frente a lo que la Corte pueda salvar o reformar de esa ley de amnistía no es infundado. Todo lo contrario, las alarmas están prendidas desde comienzos de este mes cuando se conoció un informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que advierte que “… La exclusión de crímenes del Estatuto de Roma, como los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, de las amnistías, indultos, y del beneficio especial de renuncia a la persecución penal, conforme está prevista en la Ley de Amnistía, es un aspecto importante del marco jurídico que regula la JEP. Sin embargo, en relación con los crímenes de guerra, el requisito legal de que la conducta haya sido cometida de forma sistemática podría llevar a que se dicten amnistías u otras medidas similares en favor de individuos responsables por crímenes de guerra que, si bien no fueron cometidos en forma sistemática, podrían no obstante estar abarcados por la jurisdicción de la CPI. Un resultado así podría tornar admisible ante la CPI cualquier caso o casos que quedara(n) sin abordar -producto de la inacción nacional o la falta de disposición o de capacidad del Estado en cuestión de llevar realmente a cabo los procesos- y podría también violar normas de derecho internacional consuetudinario”.