En los pasillos del Senado se dice, en voz baja, que ya se estaría iniciando el lobby de algunos juristas que se ven “muy interesados” en el proyecto de ley que presentó el Gobierno para viabilizar el sometimiento colectivo a la justicia de los integrantes de los llamados “Grupos Armados Organizados” (GAO). En otras palabras, las bandas criminales organizadas, más conocidas como “bacrim”. Según una alta fuente de la Comisión del Senado, “... se trata de un proyecto complejo desde el punto de vista procedimental...Ojo a la definición del proyecto en torno a que los GAO son los grupos que ‘bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio, un
control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas’... Ojo con ese tema de ‘control territorial’ que ni siquiera se aceptó en esa forma general en el caso guerrillero”.

¿Abogados en vez de representantes?

Según la misma fuente, la “diferenciación entre los GAO y los GDO (Grupos Delictivos Organizdos) es muy caprichosa desde el punto de vista fáctico y no se sabe a partir del cual concepto de Política Criminal del Estado se hace esa diferenciación... No menos complicado es que el GDO pueda designar un ‘representante’, lo que
despierta cierta inquietud sobre el estatus que se le está reconociendo a partir de esta eventual ley, cuando lo lógico es que designen, como todo delincuente común, un abogado que negocie su sometimiento a la justicia...”.

Todo lo que deben dar... (I)

Para terminar, agregó que suena bastante “ambicioso” que se exige a bacrines como el “Cartel del Golfo” que su “representante” presente una solicitud en donde señale asuntos tales como estructura criminal del GDO, delitos que serán reconocidos, un listado de bienes de origen ilícito, información sobre menores de edad en sus estructuras, una relación de todos sus integrantes y hasta un listado de las víctimas que serán reconocidas y el plan para
repararlas. Y ahí no termina la exigencia a la bacrim que quiera someterse a la justicia. También deberá presentar, por cada integrante, lo relativo a nombre, huella digital, fecha de ingreso a la organización, tipo de actividad criminal, áreas de operación, compromiso de no reincidencia delincuencial y confesión escrita de todos los delitos.

Todo lo que deben dar... (II)

“... Eso suena bastante ambicioso, en el papel es muy atractivo y positivo, pero trate de aterrizar todos esos condicionamientos a la realidad procesal... Reunir toda esa información tardaría no solo meses, sino hasta años para una banda criminal... Y ojo que el mismo proyecto señala que habrá designación de zonas de reunión de los representantes del Gobierno y el GDO, suspensión de órdenes de captura y, al final, tendrían una rebaja de hasta el
50% de la pena... Ya hay algunos abogados preguntando sobre los alcances de este proyecto... El país no se ha dado cuenta de lo que implica este proyecto de sometimiento colectivo de las bacrim, pero cuando se salga de la JEP le aseguró que el tierrero será grande”, precisó la fuente consultada, que habló a condición de mantener en reserva su identidad.

La “viajadera”de Santos
Un veterano exministro les dijo a varios reporteros políticos que la seguidilla de viajes del presidente Santos al exterior (en días pasados a Canadá y este fin de semana en Emiratos Árabes y Portugal, con escala en Londres)
es una “clara muestra” de un gobierno con “el sol a las espaldas”. En charla informal con los periodistas, dijo que difícilmente se podía entender que el Jefe de Estado emprendiera giras al exterior por varios días precisamente cuando los proyectos para desarrollar el acuerdo de paz están en peligro. “... Revisen cómo cerraron otros gobiernos y verán que cuando empezó la viajadera presidencial, ya el gobierno de turno estaba con las maletas hechas...”, precisó.