Varios gremios del sector agrícola están urgiendo del Gobierno que haga el balance del primer año de la entrada en vigencia del decreto reglamentario que marcó el campanazo para activar la Ley de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). Como se sabe, estos son territorios especiales con aptitud agrícola, pecuaria y forestal y piscícola que se establecen para implementar programas de agroindustria de alto calado. Aunque la norma tiene cobertura nacional es claro que cuando se idearon las Zidres se estaba pensando en el desarrollo de extensas zonas de la altillanura, con el fin de ampliar la frontera agrícola con proyectos que requieren un esfuerzo público y privado muy alto, que los pequeños campesinos no están en capacidad de hacer.
Juristas descartados apuntan a JEP
Un exmagistrado de la Corte Constitucional llamaba la atención días atrás, en charla informal con varios periodistas que cubren la información judicial, sobre la “alta posibilidad” de que muchos de los juristas que no han clasificado en los procesos de elección de integrantes de las altas cortes judiciales, apunten ahora a ser magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Como se sabe, desde el pasado 24 de julio y hasta el próximo 2 de agosto, están abiertas las inscripciones para quienes quieran postularse a la escogencia de los 51 magistrados de esa jurisdicción que debe juzgar a guerrilleros, militares, policías y civiles que hayan cometidos delitos graves y atroces en el marco del conflicto armado. La JEP, como se sabe, tendrá tres salas: de reconocimiento de verdad y responsabilidad y determinación de los hechos y conductas; de amnistía o indultos; y de definición de situaciones jurídicas.
Nadie defiende al Gobierno
En la Casa de Nariño, según contó un parlamentario de La U, hay alto inconformismo con varios de los líderes y congresistas de esa colectividad y el liberalismo, así como de otras facciones. ¿Por qué? Según la fuente, en el alto gobierno se considera que mientras los precandidatos presidenciales del Centro Democrático andan por todo el país criticando al Ejecutivo en cuanto medio de comunicación o tarima pública acceden, no hay el mismo dinamismo de los parlamentarios de la coalición oficialista para replicar estos ataques y defender la gestión santista. Hasta el propio presidente Santos se ha quejado de la pasividad de los escuderos partidistas de su gobierno.
CNE y sanciones a partidos (I)
Mientras que todos los ojos siguen puestos sobre el Consejo Nacional Electoral, que tiene pendiente decidir si abre o no investigación formal a la campaña reeleccionista del presidente Santos en 2014 por presuntos nexos con dineros de la cuestionada multinacional Odebrecht, otros partidos tienen una preocupación mayor. Ya hace dos semanas se oficializaron las pesquisas formales contra la campaña de Oscar Iván Zuluaga también por el caso de la multinacional Odebrecht. Se trata de las sanciones que el alto tribunal electoral debe aplicar a las colectividades que fallaron en la verificación de las inhabilidades e incompatibilidades de algunos de los candidatos que avalaron en los comicios regionales y locales de 2015.
CNE y sanciones a partidos (II)
Como se recuerda, el CNE inició en abril pasado con las sanciones, empezando por la Alianza Verde, colectividad a la que se le castigó con la restricción de presentar en distintas zonas listas de aspirantes en los comicios para alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles de 2019. La dimensión de las sanciones es de alto calado, a tal punto que a los verdes la prohibición les implicaría incluso no presentar candidatos en la capital del país, que es una de sus principales plazas electorales. Si bien los verdes protestaron por considerar injusta y desproporcionada la sanción, lo cierto es que el CNE indicó que a todos los partidos se les aplicarían las sanciones por inscribir y avalar candidatos inhabilitados. Pero de aquello, nada…
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