En algunas toldas del conservatismo todavía están esperanzados en que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, reconsidere su negativa a ser candidato presidencial el próximo año. Moreno, que cumple su tercer periodo en la entidad financiera multilateral, que terminará en el segundo semestre de 2020, ya desde hace tiempo les respondió a dirigentes azules que no está interesado por el momento en la meterse en la política colombiana. Sin embargo, hay quienes consideran que podría insistírsele al respecto. Por el momento Moreno continúa inamovible en el BID. Es más, vendrá a Colombia a finales de este mes como invitado especial para la versión 19 del congreso Andesco, en donde dictará una conferencia titulada “Prospectiva macroeconómica regional y global”. Moreno ha sido cercano a los tres últimos gobiernos: Pastrana, Uribe y Santos.
No a la “literatura fariana”
Los uribistas se han especializado, en el desarrollo de su oposición al acuerdo de paz con las Farc, en frases cortas y de impacto contra el mismo y sus consecuencias. Una prueba de ello se dio en el marco de la discusión y aprobación esta semana, en la plenaria del Senado, por 53 votos a favor y ninguno en contra, del proyecto de acto legislativo para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado. El senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, se opuso fuertemente a la iniciativa y no rebajó una de sus frases. “Nuestro pensamiento como partido, como académicos y defensores de los regímenes liderados por los partidos Conservador y Liberal, les decimos que tengan sentido de la decencia y dignidad, no permitan que se entronice en la Constitución Colombiana, lo que es la visión de la historia de las Farc. Esta es literatura fariana”.
Prohibir lo prohibido
Pero no fue la única reacción frente al proyecto. Un veterano excongresista le envió el siguiente mensaje a un periodista de EL NUEVO SIGLO: “… A estas alturas del siglo XXI, cuando la idea de estado social de derecho está aquilatada en todo el mundo occidental como premisa básica democrática, resulta un absurdo histórico e institucional que en un país se apruebe una reforma constitucional que prohíba ‘la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes’. Creer que prohibir lo prohibido es una panacea novedosa y efectiva, desdice de la lógica estatal y constitucional moderna”.
¿Incluye también a la guerrilla?
Y para terminar con las discusiones alrededor de este proyecto, varios senadores como José David Name (La U), Claudia López (Alianza Verde) y Habib Merheg (partido Conservador) insistieron en que en el texto también debería incluirse que quedaban prohibidas las organizaciones guerrilleras, insurgentes o subversivas, pero al final el articulado no fue modificado. Para algunos de los defensores de la iniciativa este contempla la prohibición de todo grupo armado ilegal en general, razón por la cual no hace exclusión de aquellos que se traten de cobijar bajo los delitos políticos de rebelión, sedición o asonada.