Tras las observaciones y advertencias que hicieran algunos de los senadores de la Comisión II en torno a que esa célula congresional no tenía las herramientas necesarias para ser “juez” de las acusaciones contra algunos altos oficiales cuyos ascensos deben ser aprobados en esa instancia y luego confirmados por la plenaria (tal como ocurrió el miércoles pasado), trascendió que un congresista de la coalición santista presentará la próxima legislatura un proyecto de acto legislativo reformando esta facultad parlamentaria, con el fin de hacer más expeditos y transparentes los debates para que los altos oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía lleguen a generales o almirantes. Senadores como Carlos Fernando Galán llamaron la atención en torno a que era necesario buscar alternativas para que se supere esta problemática.

Reformarían visto bueno a ascensos (II)

“… Lo que hemos visto hasta el momento de las investigaciones que estamos haciendo sobre la forma en que en otros países se da vía libre a los ascensos a los cargos más altos de la jerarquía castrense o militar es que hay tres mecanismos. El primero es aquel en donde los ascensos son autorizados por la propia estructura militar y policial, sin intervención de una instancia ajena a la misma… El segundo, es que sólo se requiere autorización o ratificación legislativa cuando se trata de comandantes de fuerza, lo que reduce ostensiblemente el número de estos vistos buenos parlamentarios… Y el tercero es un sistema parecido al colombiano, pero donde los congresistas no tienen que hacer investigaciones ni recibir denuncias o réplicas de los oficiales cuestionados, sino que existe una comisión previa de acreditación, con personal especializado, que revisa las hojas de vida y trayectoria, emitiendo un concepto al Parlamento, en donde se decide políticamente, todo ello enmarcado dentro del llamado principio de equilibrio de podres y para disminuir la prevalencia única del Ejecutivo sobre la Fuerza Pública”, explicó uno de los asesores del congresista que estudia el proyecto mencionado.

Lupa a reglas para pases

A punto de terminar la actual legislatura, ya hay algunos parlamentarios que están preparando debates de control político para la que se instala el próximo 20 de julio. Por ejemplo, EL NUEVO SIGLO conoció que un senador de oposición piensa meterle el diente a un tema que se sabe es muy delicado: el de las escuelas de enseñanza para conductores. Según lo que trascendió, el parlamentario en cuestión está recopilando información según la cual esas escuelas tienen nexos con dirigentes políticos regionales, locales y hasta congresistas o excongresistas. Igualmente existen denuncias en torno a que con la reciente norma que aumenta los costos de los cursos para aprender a conducir y los demás trámites necesarios para obtener una licencia, un grupo de empresarios muy reducido estaría buscando adueñarse del jugoso negocio, mediante una presunta ‘cartelización’.

Fiscalía investiga si hay lavado       

Pero el Congreso no es el único que quiere ponerle la lupa encima a las escuelas de enseñanza de conductores. Se sabe que la Fiscalía General ya está adelantando pesquisas en torno a si algunas de estas empresas pudieron haber sido utilizadas para operaciones de lavado de activos. Las alarmas las habría encendido el propio Ministerio del Transporte y otras entidades para las que los millonarios ingresos que reportaban algunas de estas escuelas de enseñanza automovilística y centros de certificación de calidad de los conductores no responderían a las realidades del mercado.

Debate a la vista

Precisamente esta semana los senadores Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, Susana Correa Borrero, Mauricio Aguilar Hurtado, Mario Fernández Alcocer y Sandra Elena Villadiego citaron al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, para que informe sobre las resoluciones mediante las cuales se crean los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), y las nuevas condiciones para la expedición de las licencias de conducción, así como las resoluciones expedidas por el Ministerio en las que se modifican los Organismos de Apoyo y las condiciones y requisitos para los usuarios.