Las últimas movidas políticas dan cuenta de que las coaliciones para las elecciones presidenciales sólo se empezarán a concretarse a finales del año. Por lo menos así lo ve un dirigente conservador según el cual en lo que resta de este primer semestre los partidos deben definir sus reglas del juego para escoger sus candidatos. Ya en el tercer trimestre tendrán que proceder a la elección y el remate de 2017 sería la época en que las alianzas se empezarán a configurar, a menos que se decida hacer en la misma fecha de los comicios parlamentarios (11 de marzo de 2018) consultas internas o interpartidistas para señalar a los candidatos únicos  de coalición. El problema es que dejar estas definiciones para faltando apenas dos meses para la primera vuelta puede ser una estrategia tardía que le saldría cara a quienes apuesten por esta opción. Sea cual sea el caso, lo cierto es que ya la campaña presidencial no tendrá tregua.

Definir jurisprudencia del feminicidio

A raíz de recientes casos de sentencias por asesinatos de mujeres en donde los jueces han tipificado esta conducta como homicidio agravado y no como feminicidio, un grupo de ONG que trabajan en campañas contra la violencia de género le piensa enviar una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia pidiéndole que fije las pautas para que tanto los jueces como la Fiscalía, la Procuraduría y otros operadores judiciales sepan cómo actuar, tipificar y sustentar los feminicidios. No hay que olvidar que mientras las condenas por homicidio tienen un promedio de entre 20 y 30 años, más aún si el imputado confiesa o se allana a los cargos, en casos de feminicidios las condenas pueden llegar al máximo de lo permitido en el país, es decir a penas de hasta 60 años de cárcel o, por lo menos, más de 40, y con rebajas y beneficios penitenciarios restringidos.

Campanazo sobre demanda a Uber

Un senador del Polo le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación debería asumir la demanda del Ministerio de Transporte contra Uber y otras plataformas tecnológicas que insisten en no acogerse a la reglamentación interna sobre quiénes y cómo se pueden prestar servicios relacionados con este sector. De acuerdo con el congresista, no sólo la Agencia podría estar mejor preparada para asumir un pleito de estas características, sino que se enviaría una señal clara tanto a esas empresas nacionales como a Uber, que manejan estas plataformas, en torno a que el Estado tiene una postura única y consolidada frente al tema. “… Hay veces que se denota una diferencia de criterios entre los ministerios de Transporte y el de las TIC, diferencia que debilita la postura jurídica estatal en una demanda en donde hay en juego sumas y multas millonarias para la parte que pierda este pleito”, indicó.

Alerta por crisis en sistemas articulados

Al Gobierno nacional ya le están preocupando en alto grado los problemas de solvencia financiera que arrastran muchos sistemas de transporte masivo, tipo buses articulados, en distintas ciudades del país. Según conoció EL NUEVO SIGLO de una alta fuente del  Ejecutivo, se teme que este asunto que está referido preferencialmente a empresas privadas, como lo son los operadores de los buses articulados y sus sistemas de alimentación, termine generando problemas de orden público en varias capitales departamentales en donde ya las deficiencias en el servicio de transporte público masivo están provocando continuos conatos de asonadas y bloqueos insistentes de las vías y las troncales. “… Esa es una bomba de tiempo que el Gobierno sabe que está en cuenta regresiva, incluso en ciudades distintas a Bogotá… Las crisis por insolvencia financiera, competencia insostenible con el transporte tradicional, deficiencia de troncales y líos tarifarios ya están a punto de llegar a una instancia de no retorno”, dijo la fuente consultada.

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