¿Debe reformarse el régimen de descentralización administrativa y presupuestal? Esa es la pregunta que ante los escándalos de corrupción de los últimos meses cada vez toma más fuerza, sobre todo por las anomalías detectadas en contratos de alimentación escolar, regalías, salud y colados en el Sisbén, entre muchos otros. Aunque se trata de un tema bastante polémico, por cuanto el esquema de descentralización fue uno de los grandes avances de la Constitución del 91, es claro que a nivel departamental y local se han creado verdaderas redes de corrupción que se adueñan de la mayoría de los contratos, a tal punto que hoy ya es una premisa común oír que es más rentable robar al Estado que el propio narcotráfico.

El campanazo de Carrillo

El procurador Fernando Carrillo dijo el fin de semana pasado que “… se va a reversar el proceso de descentralización si no ganamos la batalla contra la corrupción a nivel local. La de vencer a la corrupción no es una batalla para librar desde los escritorios sino desde los territorios”. El jefe del Ministerio Público trajo a colación que “el 87% de los contratos de las gobernaciones se hizo por la modalidad de contratación directa. En cuantía representa el 59,7% del total contratado, es decir, 2,9 billones de pesos. El 90% de la contratación directa de las gobernaciones es para contratos de prestación de servicios”. Paradójicamente la advertencia de Carrillo se hicieron en el marco de la Cumbre de Gobernadores que se realizó el fin de semana en Cali, y precisamente en la que los mandatarios regionales pidieron más autonomía administrativa.

El ejemplo de Peñalosa (I)

Algunos de quienes defienden la posibilidad de revisar el esquema de descentralización ponen de ejemplo las medidas que tanto en su primer mandato como en el actual ha tomado el alcalde Enrique Peñalosa, sobre todo en cuanto al esquema de contratación de las alcaldías locales y los filtros de las Juntas Administradoras Locales, que se salió de control en determinado momento y fue necesario limitar ese nivel de autonomía y capacidad de decisión para proteger la eficiencia y transparencia de la inversión pública en la ciudad. Precisamente hace pocos días el Alcalde les hizo una advertencia a los alcaldes locales y les dijo que, a pesar de los avances que han hecho muchos de ellos, encontró datos en la contratación que no lo dejan satisfecho. Por ejemplo, mientras en el IDU se hicieron procesos en los que hubo un promedio de 51 oferentes por licitación, en las alcaldías locales el promedio fue de 3 oferentes.

El ejemplo de Peñalosa (II)

Precisamente por ello fue que Peñalosa, con el ánimo de garantizar una mayor pluralidad de oferentes, les exigió a los alcaldes locales el uso obligatorio de pliegos tipo establecidos por la Secretaría de Gobierno y el IDU. También hizo obligatorio poner en práctica nuevas estrategias de divulgación de las licitaciones, a través de las plataformas de Colombia Compra Eficiente. Recordó que en 2016 ya se erradicó por completo el uso de los convenios de asociación, un método de contratación que ha sido muy cuestionado por los organismos de control. Es más, fue Peñalosa el que primero eliminó los convenios por asociación con organizaciones sin ánimo de lucro, medida que apenas fue adoptada por el Gobierno nacional hace pocas semanas.

Muchas medidas, pero…

Lo cierto es que en el alto Gobierno la posibilidad de reversar el esquema de descentralización administrativa no se le pasa a nadie por la cabeza. Para afrontar la corrupción regional y local ha optado por otros mecanismos como la reforma al Estatuto Anticorrupción, la eliminación del estímulo monetario en las acciones populares, el decreto-ley que eliminó cerca de 700 trámites, la expedición de leyes sobre  Transparencia y Acceso a la Información Pública, anticontrabando y comercio Delictivo, Estatutaria de Participación Ciudadana y Anti-soborno. También se  definió la lista de funcionarios que se consideran personas expuestas políticamente, se obligó al Presidente y los ministros a publicar sus declaraciones de rentas. Igual se creó el Portal Único de Compras Públicas, los mapas de regalías e inversiones, el portal de transparencia fiscal, el programa Colombia Compra Eficiente… El problema es que pese a todo ello, la corrupción, en palabras del contralor Edgardo Maya, mueve al año 50 billones de pesos en Colombia.