La sombra de un nuevo recorte de gastos de inversión en varios ministerios empieza a tomar fuerza. Se afirma en altas fuentes gubernamentales que en la Casa de Nariño ya se habían dado algunas puntadas al respecto y que es muy posible que ante la estrechez fiscal que marcará al 2016 sea necesario volver a pasar la tijera sobre los presupuestos de inversión y gastos de funcionamiento en distintas carteras, agencias y entidades del orden nacional. La posibilidad de este recorte, adicional al que ya fue aplicado a todos los ministerios en el Presupuesto General de la Nación para este año, es tan cierta que incluso en algunas carteras se habla ya de la priorización de algunas obras y proyectos, dejando en el congelador otros por algunos meses, mientras se aclara el panorama económico.

DIAN ¿agencia estatal?

Si bien es cierto que el Gobierno se desmarcó del borrador de las recomendaciones de la Comisión de Expertos sobre una reforma tributaria estructural, que se dio a conocer la semana pasada y que el presidente Santos calificó de “filtración irresponsable”, ya se adelantan varios análisis de fondo sobre las implicaciones de los ajustes que allí se plasman. Por ejemplo, a varios exdirectores de la DIAN les sonó la idea de que esta entidad sea revestida de una mayor autonomía presupuestal y administrativa y, sobre todo, que se le dé mayor estatus hasta convertirla en una agencia estatal. Ya en el pasado se habían escuchado propuestas en ese sentido, bajo la tesis de que a la DIAN le faltan más ‘dientes’ para combatir efectivamente la evasión y elusión tributarias.

¿Jurisdicción tributaria?

Lo que no parece tener mucho eco es la posibilidad de que se cree una especie de tribunal tributario especial, pues a juicio de varios expertos esas jurisdicciones excepcionales ya se están volviendo la salida facilista a los problemas de deficiencia judicial estructurales. Ya en los últimos años se ha buscado poner en funcionamiento jurisdicciones específicas para el tema agrario, de tierras, de extinción de dominio y hasta de paz, como se está planteando en estos momentos en la negociación entre Gobierno y Farc en La Habana. 

No pero sí (I)

La posibilidad de que el Consejo de Estado tumbe el decreto dictado a finales del año pasado por el Gobierno fijando el aumento del salario mínimo para 2016 es muy baja. Sin embargo los impulsores de la causa, que son los sindicatos, consideran  que aun perdiendo en su objetivo es muy posible que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo sí proyecte jurisprudencia que modifique las reglas del juego para el proceso de concertación salarial a finales de este año.

No pero sí (II)

Sin embargo los sindicatos tendrían un plan B referido a interponer una acción de tutela para que sea la Corte Constitucional, cuya jurisprudencia fue la que estableció el concepto de “mínimo vital”, la que finalmente determine si el aumento salarial básico se puede basar exclusivamente en el promedio general de crecimiento de la inflación, o si, como alegan las centrales obreras, debe variarse la fórmula para que el referente del incremento en el sueldo básico sea la inflación para las familias de menores recursos, que son precisamente en donde está ubicada la mayor cantidad de personas que devengan del salario mínimo.