Aunque el liberalismo y el uribismo se encuentran en orillas políticas distintas y en abierta oposición, ello no impide que surjan solidaridades. Por ejemplo, el exdiputado del Valle, exsecuestrado por las Farc y candidato liberal al Senado para los comicios de marzo próximo, Sigifredo López, salió en defensa del hoy preso precandidato presidencial uribista, Luis Alfredo Ramos, a quien la semana pasada la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento en el marco de un proceso por parapolítica. No hay que olvidar que López, en medio del asombro nacional, llegó a ser señalado y capturado como presunto cómplice del plagio de sus colegas diputados del Valle (que fueron asesinados en cautiverio por la guerrilla), acusación que se cayó en medio del escándalo por los falsos testigos y la Fiscalía se vio en la obligación de presentarle disculpas públicas.
Proceso judicial
Bajo el título “¿Quién le teme a Luis Alfredo Ramos?”, López expidió una comunicación en la que dice que “quienes conocen y quienes no conocemos al exgobernador de Antioquia quedamos perplejos con la espectacularidad de su captura. Volvieron a mi memoria aquellos días aciagos en los cuales fui exhibido ante el mundo entero como el peor criminal del país y el dolor que mi familia tuvo que padecer por cuenta de que en Colombia primero se captura para luego investigar, cuando la lógica y la ley obligan precisamente a lo contrario”.
Llamado a Corte
Agregó el exdiputado -quien creó una fundación para ayudar a aquellos que considera están acusados y presos injustamente- que “ahora, en este momento procesal, si bien es cierto la Corte Suprema de Justicia puede tomar el camino mas fácil y dictar medida de aseguramiento contra Ramos, apoyada en el marco de la vieja Ley 600 del 2000 según la cual basta un indicio grave que ofrezca serios motivos de credibilidad para proferir medida de aseguramiento contra una persona (un auto de detención no se le niega a nadie), la Corte tiene hoy la gran oportunidad de demostrarles a los colombianos que la justicia no esta politizada, que el principio universal de la presunción de inocencia y el fundamental derecho a la libertad de los ciudadanos todavía significan algo y son respetados en este país que tanto ha sufrido por las injusticias de la justicia".
¿Otro error?
Precisó Sigifredo López que “las pruebas que se esgrimen en contra de Ramos son tan frágiles que se avizora otro lamentable error judicial que aún se puede evitar, o mejor atenuar”. Acto seguido, el ahora candidato liberal al Senado empieza a criticar la validez de las pruebas que tienen las autoridades judiciales para sustentar las pruebas contra el precandidato presidencial uribista, que luego de entregarse la semana pasada a la Fiscalía se vio obligado a suspender sus aspiraciones.
Nada de nada…
Por ahora lo único que se sabe del caso Ramos es que la medida de aseguramiento se mantiene firme y que las peticiones tanto de los allegados al dirigente político antioqueño como de la plana mayor del uribismo para que sea dejado en libertad y afronte así su investigación, no tienen eco alguno en la Sala Penal, que alista ya las próximas instancias procesales.