A la fuerza

Varios gobernadores y alcaldes llevan más de un año entre la espada y la pared debido a que se consideran tan amigos del expresidente Uribe como del presidente Santos, y por eso siempre evitaron inclinarse marcadamente hacia alguno de los bandos. Sin embargo, los últimos pronunciamientos del exmandatario están obligando a varios titulares de departamentos y municipios a apartarse de las tesis de este último y tomar partido a favor del Ejecutivo, y no sólo en privado, sino de manera pública y enfática.

La seguridad

La razón de esa forzada toma de partido es muy sencilla: Uribe se ha dedicado en las últimas semanas a denunciar por Twitter que los índices de seguridad en varios departamentos se han deteriorado de forma sustancial y que los secuestros, homicidios y alteraciones del orden público están aumentando. Igualmente retuitea cuanta denuncia y la versión le llega sobre hechos de violencia, que pueden ir desde ataques de la guerrilla o presuntos plagios, hasta rumores no confirmados de atentados, como pasó con el caso de una presunta intentona criminal contra el gobernador de La Guajira, que este último tuvo que desmentir públicamente.

Preguntan arriba

Como es apenas obvio, varios gobernadores y alcaldes han recibido llamadas del Gobierno nacional y de las autoridades indagándoles en torno de si las denuncias del expresidente tienen asidero, pues en los reportes que las administraciones departamentales y municipales han entregado, incluso ante el propio presidente Santos en los Acuerdos para la Prosperidad, no se da cuenta de la ocurrencia de esos hechos anómalos. Como muchos mandatarios seccionales y locales han respondido que las versiones de Uribe no son en su mayoría ciertas, el Gobierno nacional ha casi exigido a gobernadores y alcaldes que así lo precisen pública y enfáticamente. Incluso se les ha recordado que si Uribe tiene razón, entonces las gestiones de los titulares de gobernaciones y alcaldías son las que quedan mal paradas por ineficientes.

Las razones

En medio de ese escenario, a los titulares de departamentos y municipios, e incluso a altos mandos policiales y militares que ascendieron cuando Uribe estaba en la Casa de Nariño, les ha tocado salir a desmentir oficialmente sus denuncias. “… Aquí ya no hay de otra: usted como gobernador o como alcalde tiene que defender su gestión… No se puede dejar que por un problema político entre Santos y Uribe su departamento o alcaldía termine pagando los platos rotos… No se puede ser pasivos… Además, en las jornadas de rendición de cuentas usted entrega informes oficiales sobre seguridad y si lo descubren en una mentira, la Procuraduría se le viene encima…”, precisó un gobernador en charla informal con un periodista de EL NUEVO SIGLO.

 Menos amigos

Todo este asunto ha empezado a preocupar a las toldas del expresidente Uribe, sobre todo a varios de sus alfiles e incluso a algunos de sus precandidatos presidenciales que al hablar en sus giras con congresistas, diputados y dirigentes regionales, e incluso con sectores afines a la Fuerza Pública, reclaman que el exmandatario está utilizando la situación regional como “munición” para atacar al Gobierno, afectando de paso la imagen de gobernadores, alcaldes y mandos castrenses y policiales que se consideraban “amigos”.