La afirmación de la semana pasada del presidente Santos en Londres respecto a la posibilidad de abrir un debate mundial para repensar los mecanismos de lucha contra el narcotráfico impactará directamente el trámite del proyecto de ley que propone reglamentar la reforma constitucional que elevó a la categoría de “prohibido” el porte y consumo de estupefacientes. “Si desde el Jefe de Estado para abajo se empiezan a ver posturas a favor de no penalizar ni castigar a los drogadictos, el Congreso no tiene por qué agravar ni hacer más drásticas las sanciones que se pueden aplicar a una persona que sea detenida portando una dosis mínima y de uso personal de narcóticos...”, precisó un parlamentario el viernes pasado.
Dosis mínima (II)
Según el congresista, que pidió la reserva de su nombre porque este “tema siempre levanta ampolla y genera un alud de acusaciones por ser excesivamente prohibicionista o flexible”, es necesario que el Gobierno exponga ante el Congreso, por intermedio del ministro del Interior y de la cúpula de la Fuerza Pública, cómo debe tratarse el problema de los drogadictos, pues no “tendría sentido que en nivel internacional se escuche al Presidente hablando hasta de la posibilidad de que se despenalice el consumo de marihuana, pero en el ámbito interno se aprueben normas que restringirán dicha práctica, permitiendo la detención precautelativa de las personas y su conducción a una inspección de Policía para determinar si es un jíbaro o un drogadicto que requiere un proceso de rehabilitación”.
Teléfono roto
Con las declaraciones del expresidente Uribe la semana pasada sugiriéndole a la oposición venezolana que pidiera cuentas al presidente Santos por su relación con Hugo Chávez, se frustró un plan que venían madurando algunos parlamentarios y dirigentes de La U para que entre el exmandatario antioqueño y el actual titular de la Casa de Nariño se produjera una reunión que permitiera abrir una ruta para bajar la creciente tensión entre ambos. Es claro que, según dijo el viernes una alta fuente de La U, que si ahora Uribe llamara a Santos, será éste el que no le pasará al teléfono.
Pulso a la vista (I)
El arranque esta semana del debate al proyecto de Marco Legal para la Paz en la Comisión I del Senado promete estar muy movido. De un lado, hay quienes son partidarios en esa célula congresional de revivir el artículo relativo a que a los desmovilizados se les permita postularse a cargos de elección popular. En la Cámara esa propuesta se hundió. Al Gobierno no es que le disguste del todo la idea, aunque defenderla no sea considerado como “políticamente correcto”. Sin embargo, se piensa que si el proyecto no da alguna prebenda en materia de participación política, no será muy distinto de la normatividad que hoy existe bajo la Ley de Justicia y Paz o las prórrogas de la Ley 418.
Pulso a la vista (II)
También hay varios parlamentarios que consideran que el proyecto es “muy punitivo” y altamente “judicializado”, lo que hace muy difícil avanzar hacia una propuesta que sea lo suficientemente convincente para que guerrilla y bandas criminales emergentes (Bacrim) vean en este nuevo marco legal una opción atractiva para dejar las armas. El propio impulsor del proyecto, senador Roy Barreras, ha insistido en que mientras el delito de concierto para delinquir agravado sea considerado de lesa humanidad, será muy difícil avanzar hacia un verdadero proceso de desmovilización, pues prácticamente todos los integrantes de grupos ilegales han incurrido en esa conducta penal.