Un congresista uribista le adelantó a un periodista de EL NUEVO SIGLO que cuando el proyecto de reforma a la Ley de Orden Público llegue a la plenaria va a pedir que se cite a la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de que explique ante el Congreso cuántas demandas se interpusieron contra la Nación, y el monto indemnizado, por parte de particulares afectados por lo que pasó en la zona de distensión del Caguán, que estuvo vigente desde enero de 1999 a febrero de 2002. Según el parlamentario, las demandas contra el Estado fueron millonarias y eso debe tenerse en cuenta ahora que se empieza a debatir lo relativo a la creación de las “zonas de concentración” para las Farc cuando entre a regir el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

Fallo de 2013

Las consecuencias del despeje en el Caguán ya han sido objeto de condenas a la Nación, como la proferida a mediados de 2013 por el Consejo de Estado. En ese entonces, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo advirtió que la ausencia de representantes del Estado en los niveles administrativo, judicial y militar en los 42 mil kilómetros cuadrados despejados en Meta y Caquetá para que las Farc se concentrarán, impidió que se abrieran investigaciones por una multiplicidad de delitos y que la población quedará expuesta a los abusos de la guerrilla. El fallo de entonces delegó en el Tribunal Administrativo de Caquetá determinar cuánto debía pagar la Nación a los afectados por la zona de distensión.

Apretón 2016

Este lunes, 22 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un recorte de 6 billones de pesos al presupuesto de gastos del 2016, el cual, según el Gobierno, no afectará a los más pobres ni a los planes sociales del Ejecutivo, pues se continúa dando prioridad a las inversiones altamente generadoras de empleo. El recorte, se supone, ayudará a cumplir con la regla fiscal y la meta de déficit de 3,6 por ciento del PIB. Santos indicó que el recorte sigue los lineamientos de la política de “Austeridad Inteligente”, disminuyendo el gasto sin afectar a los colombianos más vulnerables y protegiendo las inversiones altamente generadoras de empleo. Pidió a los colombianos no caer en pesimismos ni en negativismos.

Apretón 2015

Paradójicamente hace un año, el 23 de febrero de 2015, el presidente Santos también estaba defendiendo un aplazamiento de seis billones de pesos del presupuesto nacional. “Así como cuando suben los ingresos focalizamos más los recursos, como lo hemos hecho, en los más pobres; cuando se reducen los ingresos, a los que menos debe afectar es también a los más pobres. Con este criterio estamos haciendo esta reducción”, dijo. Agregó que “se va a hacer una reducción en casi en todos los rubros, por supuesto siempre protegiendo a los sectores más vulnerables a los sectores más pobres. Este es un Gobierno progresista, este es un Gobierno que quiere seguir reduciendo las brechas”. Hizo énfasis en que no obstante los recortes y ajustes “la inversión este año va a ser superior a la del año pasado, que fue la inversión más grande en nuestra historia”.