En La U existía ayer preocupación por el incidente que se podría presentar entre los gobiernos Santos y Maduro en caso de que el asesor y estratega político venezolano J. J. Rendón fuera capturado en Colombia. Como se sabe, las autoridades del vecino país pidieron a la Interpol librar una orden de detención internacional contra el asesor por incurrir, presuntamente, en el delito de violencia contra la mujer. Rendón ha sido asesor de La U, no sólo en nivel de campaña al Congreso e imagen partidista, sino en temas presidenciales.

Caso Rendón (II)

“… Hay previsión de tormenta… Si Rendón, que está asesorando ya a La U en el tema Congreso, llega a ser capturado en Colombia por cuenta de la Interpol, entonces habría un lío diplomático de marca mayor conMaduro, pues es seguro que éste pediría asilo político a Colombia alegando que es víctima de persecución política en su país, pues siempre ha sido reconocido crítico del chavismo, y le tocaría a Santos definir si le da ese amparo o piensa en la deportación o extradición a Venezuela… Ojo a esa papa caliente”, precisó un alto cargo de La U, que habló bajo la condición del anonimato.

¿Quién paga?

Varios gobernadores y alcaldes manifestaron su preocupación ante Planeación Nacional y algunos ministerios por el impacto que podría tener la caída en el volumen de las regalías producto de la explotación de carbón. Como se sabe, el paro que se presentó meses atrás en la Drummond afectó el volumen de giros al Estado por la extracción del mineral. La respuesta del Ejecutivo es que si bien se estima que la baja en las regalías por este concepto está alrededor de los 300 mil millones de pesos, no se puede hablar de un golpe directo a determinadas regiones, y menos dentro del nuevo esquema que prioriza la distribución de los recursos de una forma más equitativa y no solamente para las regiones productoras.

Al tablero

El director del Invima así como varios ministros e incluso dos superintendentes serán citados al Senado para que expliquen cuáles son las medidas a corto, mediano y largo plazos que tomará al Estado frente al informe de una sección de la ANDI que encontró graves anomalías en el producto o las presentaciones que venden más de un centenar de marcas de agua embotellada. “… Lo que queremos saber es qué valor le da el Gobierno, en las entidades responsables, al informe de la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI”, precisó un senador que elabora ya los respectivos cuestionarios a los altos funcionarios.