En alerta se encuentran en la Casa de Nariño frente a los alcances de la nueva demanda de inexequibilidad contra el Marco Legal para la Paz que está estudiando la Corte Constitucional y que ya tiene agendada una audiencia pública para las próximas semanas en el alto tribunal. Si bien esta norma, que es considerada como la base legal y constitucional del proceso de paz que se adelanta en La Habana entre el Ejecutivo y la guerrilla, ya ha pasado el tamiz de la Corte, las demandas no cesan y es claro que si el alto tribunal las admite y analiza a fondo, es porque se trata de enfoques que todavía no han sido contemplados y, por lo tanto, podría llevar a fallos de fondo. Si se tratara de elementos ya vistos, la Corte simplemente remitiría la respuesta a lo ya establecido en anteriores sentencias. Sin embargo, en esta ocasión ese no es el caso.

La demanda

En este momento laCorte tiene bajo la lupa la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1° y 3° del Acto Legislativo 01 de 2012, “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política”. Fue interpuesta por el exfuncionario del gobierno Uribe, Rafael Guarín, y el ponente es el magistrado Alberto Rojas Ríos.  La base de la demanda es que el aparte demandado del artículo 1 y el artículo 3, mediante los cuales se establecieron los artículos 66 y 67 transitorios constitucionales, constituyen una sustitución de la Constitución. Los artículos referidos hablan sobre cómo el Estado debe centrar sus esfuerzos en judicializar a los máximos responsables de los delitos graves, de guerra y lesa humanidad, así como darles a los cabecillas guerrilleros desmovilizados participación política.

Peros de Ordóñez (I)

Ya a comienzos de marzo el procurador Alejandro Ordóñez rindió concepto ante la Corte y le pidió abstenerse de pronunciarse, “en razón de su falta absoluta de competencia para pronunciarse sobre el contenido material de una reforma constitucional”. Aún así, Ordóñez pidió declarar inexequible el aparte del artículo 1, bajo la tesis de que “el Estado debe perseguir y judicializar a todos los responsables de delitos de lesa humanidad, sean o no los máximos responsables de tales conductas”. Este punto es clave para el proceso de paz, sobre todo frente al juzgamiento de todos los guerrilleros de las Farc por los delitos cometidos.

Peros de Ordóñez (II)

La Procuraduría también pidió declarar inexequible el aparte demandado del

artículo 3, por “sustituir el pilar constitucional fundamental de acuerdo con el cual Colombia se rige por un marco jurídico democrático que se fundamenta en la dignidad humana, la igualdad, la protección de los derechos humanos y el establecimiento de un orden justo, en donde el derecho a ser candidato a cargos de elección popular y a ocupar cargos públicos excluye a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, actos de terrorismo y delitos transnacionales”. Este punto es considerado clave para abrir espacio político a los cabecillas de las Farc si llegan a firmar un acuerdo definitivo de paz.