La Comisión de la Verdad, creada hace un año por la presidenta Dilma Rousseff, reveló el martes una escalofriante primera radiografía de la represión y la tortura durante la dictadura en Brasil entre 1964 y 1985.

Centros de tortura en universidades y una organizada estructura para la represión comandada desde el más alto nivel del Estado son algunas de las revelaciones preliminares de las investigaciones de la comisión durante su primer año, divulgadas en rueda de prensa.

Rousseff, una exguerrillera que fue encarcelada y torturada, inauguró el 16 de mayo de 2012 esta Comisión destinada a investigar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura en Brasil, que provocó al menos 400 muertos y desaparecidos.

La tortura ya era practicada con consistencia al inicio del gobierno militar, en 1964, antes de que hubiera una disidencia organizada, y en 1969 se disparó, explicó Heloisa Starling, historiadora y asesora de la Comisión.

El Centro de Informaciones de la Marina fue considerado "uno de los organismos más feroces en la estructura de represión", según Starling, quien mostró un documento del mismo, fechado en diciembre de 1972, en el que se confirmaba la muerte de 11 desaparecidos políticos, de los que la Marina siempre dijo desconocer el paradero, incluso en la democracia.

Las investigaciones de la Comisión se han extendido a los países vecinos del Cono Sur, cuyas dictaduras colaboraron en el llamado "Plan Condor" destinado a coordinar la represión.

La abogada Rosa Cardoso, coordinadora de la Comisión, informó que ésta ha decidido exhumar los restos mortales del expresidente Joao Goulart, derrocado en 1964, y fallecido en 1976 en el exilio en Argentina, para determinar si fue envenenado por agentes uruguayos al servicio de Brasil, como denunció un exagente de ese país en 2008.

Cardoso también indicó que la comisión podrá recomendar en 2014, al término de sus trabajos, que sea revisada la ley de amnistía de 1979 que ha impedido juzgar y encarcelar a los represores.

"Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, si estamos de acuerdo con eso, tendremos que recomendar que esos casos sean juzgados por el derecho interno", dijo la coordinadora.

En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró sin "efectos jurídicos" la ley de amnistía brasileña, pero la Corte Suprema brasileña ha insistido en su validez.

En un año la comisión recogió el testimonio de 37 agentes y colaboradores del régimen, 24 militares que sufrieron retaliación y 207 víctimas y testigos.

Hasta su fin en 2014, la Comisión tiene un arduo y amplio trabajo, no solo para esclarecer la historia de la represión del Estado, sino también para "reconstruir la colaboración de las empresas y empresarios en la manutención del sistema paralelo de represión articulado con las Fuerzas Armadas", explicó Paulo Sergio Pinheiro, miembro de la comisión.

La Comisión aún buscará esclarecer las muertes "anónimas" de campesinos e indígenas fallecidos "con participación de agentes del Estado", ya fuera directamente o a través de las políticas de invasión de tierras en la colonización amazónica, muchos por el contagio de enfermedades que les eran ajenas, explicó la psicoanalista y colaboradora de la Comisión, Maria Rita Kehl.

El proyecto para crear la Comisión de la Verdad fue presentado por el expresidente Lula y generó en su época una crisis con los militares. El gobierno finalmente pactó los términos y aceptó que la comisión pueda investigar un período mayor al de la dictadura e incluso los actos de los disidentes.

Brasil reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante el régimen militar, contra 30.000 en Argentina (según organismos de derechos humanos) y más de 3.200 en Chile.

Las dictaduras del Cono Sur latinoamericano comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85), Uruguay (1973-85), Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83). En todos esos países, a excepción de Brasil, hubo o hay juicios contra represores.