El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, radicó ante el Congreso de la República y socializó con la ciudadanía el ‘Proyecto de Ley: Nuevo Código Disciplinario Único’, que busca reformar el poder disciplinario en Colombia y fortalecer las herramientas jurídicas para luchar contra los flagelos de la corrupción y la ineficiencia administrativa.

En evento organizado en la sede central de la Entidad en la mañana de hoy, el jefe del Ministerio Público analizó los destacados del proyecto legislativo, pero recordó que los hechos de corrupción que tanto daño hacen al país no “van a desaparecer por su eventual aprobación y promulgación”.

“Siempre he considerado que la causa de estos dos males se debe a la carencia de los principios y valores que debe tener cualquier persona que aspire a ocupar un cargo público o a ejercer una función pública. La corrupción es el resultado de la vilipendiada ética pública”, puntualizó.

Entre las novedades del proyecto sobresalen la reorganización y complementación de los principios mínimos del derecho disciplinario, la definición  de los conceptos de dolo y culpa en materia disciplinaria y el ajuste y la clarificación de la prescripción.

Se ocupa también de organizar la mayoría de los comportamientos que el legislador considera como faltas gravísimas e introduce algunas que no habían sido antes consideradas.

En materia de sanciones, introduce cambios en los límites.

“Las hace más acordes con la naturaleza de la imputación subjetiva. Esto significa reducir la sanción de inhabilidad para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima, la cual oscilaría de tres a diez años, diferenciándola claramente de los comportamientos dolosos, respecto de los cuales el proyecto mantiene la severidad de la inhabilidad mínima de diez años”, explicó el jefe del Ministerio Público.  

El Proyecto de Ley realizado por una comisión conformada por la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Personería de Bogotá, el Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario y el Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario, contiene la novedosa apuesta de establecer un único procedimiento, cuya característica principal será el adelantamiento de proceso mediante audiencia pública, en busca de optimizar la aplicación de los principios de publicidad, inmediación y celeridad. 

Introduce igualmente un beneficio más claro y atractivo para los sujetos disciplinables que deseen confesar responsabilidades y extiende la doble instancia a los procesos que deban seguirse contra servidores públicos aforados, ello con el fin de potenciar las garantías y los derechos.