Incluyendo nuevamente la lista de delitos que no serán de conocimiento de los jueces castrenses, ayer fue radicada la ponencia para el séptimo debate del proyecto de reforma del fuero militar.

Como lo anticipó EL NUEVO SIGLO, esta ponencia revivió la lista de delitos que había sido excluida del proyecto en su tránsito por la Cámara de Representantes.

A los crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, que figuraban en el articulado hasta ahora aprobado de esta reforma constitucional, los ponentes del proyecto agregan que los tribunales militares tampoco conocerán de casos de “ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado”.

Igualmente, la ponencia resucita un inciso para quitarle al Consejo de la Judicatura la facultad de dirimir conflicto de competencias entre las jurisdicciones ordinaria y militar en frente a delitos cometidos por uniformados.

La ponencia establece que el Tribunal de Garantías que se crea tendrá la facultad “de dirimir, de manera permanente, los conflictos de competencia que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar”.

Caracol aseguró ayer que existe una enmienda en Estados Unidos que certifica en derechos humanos a los países, de la cual dependería la ampliación o no de ayuda militar.

En ese sentido, expertos consultados por ese medio consideraron que la certificación peligraría si la reforma al fuero militar le quita la facultad a la Fiscalía de investigar delitos antes que la justicia castrense.

En ese sentido la ampliación de delitos que serán conocidos primero por la Fiscalía, como lo propone la ponencia radicada ayer, ayudaría en el tema de esa certificación.

De otra parte, voceros de las Farc en La Habana (Cuba) reiteraron la oposición de esta guerrilla al proyecto de reforma al fuero militar, que tramita el Congreso. Señalaron que con esta iniciativa se busca que queden en la impunidad "los crímenes cometidos por la Fuerza Pública".