Los estudiantes chilenos protagonizaron este miércoles una violenta jornada de protestas, con barricadas incendiarias que provocaron el caos en Santiago, enfrentamientos tras una multitudinaria marcha y bloqueos en el acceso a yacimientos mineros, que dejaron más de un centenar de detenidos.
La jornada, que marca una radicalización de las protestas estudiantiles en reclamo de una profunda reforma educativa, se inició con una treintena de barricadas incendiarias instaladas en las afueras de colegios y universidades de Santiago.
Las barricadas generaron grandes embotellamientos y un verdadero caos en el tránsito temprano en la mañana, justo en la hora punta de movilización de la capital chilena, de seis millones de habitantes.
Los desórdenes fueron una acción coordinada de los estudiantes previa a una masiva manifestación, que horas más tarde, a tres columnas por el centro de Santiago, reunió a cerca de 100.000 personas, de acuerdo a los organizadores.
A la manifestación adhirieron varios gremios de trabajadores, que marcharon junto a los estudiantes, pero que también bloquearon el acceso a algunos yacimientos mineros estatales en el norte y sur del país o retrasaron el ingreso a sus trabajos.
"Hemos visto una marcha con una transversalidad que nos deja sumamente contentos, porque la lucha por nuestros derechos dejó de ser sólo estudiantil", dijo a la AFP Andrés Fielbaum, presidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Chile.
"Son miles las personas que nos acompañan, que han salido a las calles y eso marca el precedente de que a nuestro movimiento de suman trabajadores para constituirnos en una fuerza social transformadora", señaló de su lado, Moisés Paredes, vocero de los estudiantes secundarios.
La marcha se realizó de forma pacífica, con bailes y alegres cánticos a lo largo de todo su recorrido, constató un periodista de la AFP.
"Todos somos parte del cambio, sí a la educación de calidad e igualdad", proclamaba uno de los miles de carteles levantados por los manifestantes.
Pero al finalizar, tal como en otras ocasiones, un pequeño grupo de encapuchados se enfrentó con la policía, que en gran número resguardaba la manifestación.
Los manifestantes lograron cortar el tránsito en la céntrica avenida Alameda, atacaron locales comerciales -que debieron bajar sus cortinas-, destruyeron el mobiliario público y lanzaron centenares de bombas molotov.
Un grupo atacó también las instalaciones de la Radio Agricultura, en el centro de Santiago, que había permitido que desde su azotea canales de televisión grabaran los incidentes.
La policía repelió los ataques con gran cantidad de gas lacrimógeno y chorros de agua.
En total se registraban 98 detenidos tras la marcha, de acuerdo a un reporte preliminar que entregó el gobernador de Santiago, José Antonio Peribonio.
Los detenidos de la tarde se suman a los 10 apresados en las barricadas de la mañana.
La policía, por su parte, reportó cuatro agentes policiales heridos.
El gobierno repudió la violencia
"No son estudiantes, son delincuentes, extremistas y violentistas y en esta oportunidad han actuado de forma simultánea, coordinada y preparada", dijo el ministro del Interior y Seguridad, Andrés Chadwick.
"Ya han sido años de movilizaciones en las que no hemos recibido respuesta alguna", respondió por su parte, la vocera de los estudiantes secundarios, Isabel Salgado, quien exigió además la renuncia de la ministra de Educación, Carolina Schmidt, quien por estos días se encuentra de vacaciones.
El presidente Sebastián Piñera repudió también los ataques y anunció el envío al Congreso de una nueva ley para hacer frente a los desórdenes públicos, que busca permitir a la policía la identificación preventiva de manifestantes sin que hayan cometido delitos.
La medida se suma a otras propuestas legales enviadas ya por su gobierno para detener a los encapuchados y calificar como delito el insulto a los policías, aún no aprobadas en el Congreso.
La nueva iniciativa, según Piñera, no quiere restringir las libertades individuales, sino "proteger mejor la libertad de la inmensa mayoría de chilenos que queremos vivir en paz".
Las estudiantes iniciaron en 2011 sus protestas en favor de una profunda reforma del sistema educativo que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Exigen educación pública, gratuita y de calidad, una demanda que el gobierno ha acogido parcialmente, rebajando los créditos con los que se pagan los aranceles universitarios y aumentando las becas de gratuidad, pero sin comprometer la constitución de un nuevo sistema.
La manifestación de este miércoles sigue a una masiva marcha de estudiantes que se registró hace dos semanas y que culminó también con enfrentamientos.
Los desórdenes se suman a la ocupación de una cincuentena de colegios y universidades, alguno de los cuales deben servir como locales de votación para las elecciones primarias de este domingo, cuando las principales coaliciones políticas elegirán a sus únicos nominados a las elecciones generales del 17 de noviembre.
El gobierno exigió a los estudiantes desalojar los colegios que mantienen ocupados, pero la mayoría se ha negado a entregar los recintos, en una pugna que debe resolverse antes del viernes, cuando las fuerzas armadas tomen el control de los locales de votación, según establece la legislación chilena.
AFP