Por la ausencia de una de partes implicadas en el caso del ataque a la página virtual de esa entidad, se aplazó la audiencia para solicitar la preclusión de la investigación.

 

Que en el hecho no hubo delito alguno, considera la Fiscalía General, y por eso insiste en que el caso se cierre.

 

Que la mayor cantidad de los presuntos ataques corresponden a ingresos masivos a la página web de dicha entidad, y que éstos fueron hechos desde direcciones IP (equivalente a la huella digital de los computadores en la red) de organismos estatales, afirma la fiscal que lleva el caso.

 

Ante esto, la Registraduría se opone a la decisión del máximo ente acusador luego de haberse constituido como víctima en el proceso.

 

Un posible ataque al portal web evidenciarían dictámenes técnicos hechos durante la investigación, y por esto la Fiscalía debe adelantar pesquisas para agrupar más pruebas sobre el tema, aseveraron defensores de la Registraduría.