Una “discusión a fondo” de la problemática que vive el Cauca, que se iniciará mañana entre el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas, según lo anunció el alto consejo para asuntos políticos y delegado presidencial para el departamento Aurelio Iragorri.

“Iniciamos la discusión a fondo de los puntos y la búsqueda de soluciones concretas para la problemática planteada por estas comunidades  indígenas”, señaló Iragorri.

 

Temas inmediatos

 

Sin embargo, ¿sobre qué van a dialogar? Iragorri reveló el jueves que durante la jornada los delegados gubernamentales aceptaron la propuesta indígena de establecer una mesa de concertación de alto nivel para solucionar la problemática de las comunidades indígenas del norte del Cauca.

“Vamos a establecer una mesa específica para el tema de Toribío con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN). No solamente para mirar los asuntos de este municipio sino toda la problemática de la zona, en especial lo relacionado al orden público. Vamos a ver cuáles son las condiciones para esa mesa, en dónde sesionará y quiénes la conformarán”, añadió Iragorri.

El funcionario anticipó que en el encuentro de mañana está previsto “establecer una ruta metodológica para discutir los puntos que consideran trascendentales”.

En un comunicado de la ACIN, los indígenas expresaron la semana pasada que “la problemática del norte del Cauca requiere una interlocución directa y específica con el CRIC”, es decir el Consejo, Regional Indígena del Cauca, “la ACIN y los Cabildos Indígenas. Estamos dispuestos a dialogar con delegados del alto nivel del Gobierno nacional y no nos oponemos a la presencia de facilitadores mutuamente acordados, siempre que se haga en escenarios transparentes”.

Hasta aquí, todo bien, porque saltan a la vista temas urgente de La coyuntura. En declaraciones de la dirigencia indígena, el jueves simultáneamente con el anuncio de Iragorri, le solicitó a la Fiscalía que antes del diálogo se comprometa a no procesar a miembros de la comunidad que se opusieron al Ejército, que la Policía suspenda la vigilancia que ejerce sobre 32 heridos que participaron en las protestas con la Fuerza Pública y que son atendidos en centros médicos, y que el comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Todd Howland y el defensor del Pueblo Pérez sean garantes del diálogo.

Finalmente, insisten en que el Ejército abandone el cerro El Berlín, cercano a Toribío, donde los militares vigilan varias torres de telecomunicaciones y una amplia zona del norte de Cauca, de importancia estratégica para la guerrilla de las Farc; mientras tanto, los indígenas no intentarán la retoma del cerro.

Estos puntos, pueden ser objeto de una negociación que si bien no es sencilla está dentro las cosas que es posible acordar. De hecho, el fiscal Eduardo Montealegre aseguró que el ente acusador está dispuesto a aplicar el principio de oportunidad a los indígenas judicializados por las manifestaciones en el Cauca, con el fin de aportar a la resolución del conflicto.

“Sí es posible el principio de oportunidad”, dijo el fiscal en diálogo con Caracol Radio.

 Montealegre aclaró que las manifestaciones son consideradas delito cuando se presentan actos violentos, por ejemplo, contra miembros de la fuerza pública.

En su criterio, en el Cauca se vive un exceso de protesta social. En ese sentido, el alto funcionario indicó que prefiere la concertación a la judicialización.

El fiscal aseguró que "la protesta debe ser social y pacífica", y debe buscarse una "salida negociada con los indígenas".

 

Guerra y paz

 

Pero hay temas mucho más gruesos. De entrada, el anhelo de los indígenas es fácil de decir pero difícil de concretar: nada menos que el fin de la guerra.

El 2009, en una carta al presidente Álvaro Uribe, el CRIC puso como ejemplo una de tantas convocatorias hechas a las Farc y al Gobierno para “debatir públicamente aquellas situaciones que en el marco del conflicto armado colocan en riesgo la pervivencia integral de nuestros pueblos” y como “pasados tres meses no se obtuvo respuesta formal, sino el recrudecimiento de las confrontaciones armadas en nuestros territorios, con un saldo lamentable de vidas humanas, zozobra y desplazamientos internos que han carecido de la ayuda humanitaria correspondiente”.

“Al observar la falta de voluntad política de parte de la guerrilla de las Farc-EP y del Gobierno Nacional para atender el llamado de las comunidades víctimas de sus acciones” el Tribunal Indígena del Cauca definió, entre otros puntos, “reclamar de los actores armados la desmilitarización, el cese a los señalamientos, las amenazas, el reclutamiento forzado de comuneros, líderes y autoridades indígenas, así como las confrontaciones armadas en lugares donde se ponga en riesgo a la población civil”.

Podría decirse que de allá a acá la situación no ha cambiado. Pues el documento del CRIC va más allá, señalando “que son 200 años de frustraciones, dos siglos de intentos estropeados”.

En otro documento, el CRIC sostiene que aunque la “Constitución política de 1991 se reconoció la diversidad étnica de la Nación colombiana, la propiedad comunal de los territorios indígenas, el derecho a una educación y salud propias”, así como “los territorios indígenas como entidades territoriales con derecho a un gobierno propio, presupuesto y jurisdicción propia”, los gobiernos posteriores “no han adecuado sus instituciones para hacer real la Constitución y por ello no se ha desarrollado lo referente a entidades territoriales indígenas y en educación, jurisdicción y salud, se ha pretendido que los pueblos sigan dentro del esquema general y no se ha asignado presupuesto para atender la problemática de los pueblos indígenas de acuerdo a la nueva normatividad”.

 

Otros acuerdos

 

Esta no es la primera vez que los hechos protagonizados por las comunidades indígenas llevan a una negociación.

Los documentos del CRIC rememoran como, para solo citar las últimas acciones, se dieron tomas de la carretera panamericana, que pasa a lo largo del Cauca, en 1994, 1996, 1998 y 1999, cuando “desde las primeras movilizaciones hubo acuerdos y actas firmadas por el gobierno nacional para resolver las exigencias de las comunidades movilizadas. Pero el Gobierno Nacional no ha cumplido en lo más mínimo. Por ello se puede decir que cada movilización nueva es el resultado del incumplimiento de las anteriores”.

 

 

Tema clave: la tierra

 

Aunque algunos analistas señalan que el problema no es de tierra y acuden a diversas estadísticas para mostrar que los indígenas ya tienen la mayor parte de la tierra caucana, obtenida en forma legal e ilegal, para los indígenas eso no es así.

Este es el texto de un comunicado sobre el particular, expedido hace apenas un mes por el CRIC sobre la “problemática de indígenas y campesinos en los municipios de Totoró y Cajibío, ocasionada por compra de tierra e inconsulta por parte” del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

“El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC manifiesta su rechazo a las situaciones de enfrentamiento entre indígenas y campesinos que se están presentando con motivo de disputa por la finca de los Naranjos en límites entre los municipios de Cajibío y Totoró.

“Hay siete indígenas heridos graves y sabemos, por medios de comunicación, que también hay heridos campesinos.

“Hacemos un llamado en el sentido de que la problemática de acceso a la tierra es común para indígenas y campesinos, y que la intención de las Instituciones y de sectores dominantes en el Cauca de impedir la lucha por una mejor distribución de la tenencia, utilizando la división entre los más desfavorecidos, no puede prosperar.

“No tiene justificación desde una concepción popular que algunas organizaciones campesinas planteen que no permitirán que haya compra de tierras para indígenas, ni constitución ni ampliación de resguardos. “Esta es una posición racista generada desde los sectores dominantes y desde las instituciones e incluso desde algunas organizaciones sociales que ante la incapacidad de generar una verdadera lucha agraria ubican la problemática como un conflicto entre etnias.

“La comunidad indígena de Jebala es una comunidad que posee actualmente 614 hectáreas y está constituida por 394 familias (1.772 personas), es decir menos de 2 has por familia. El acceso a una mejor distribución de tierra es una condición necesaria para su sobrevivencia física y cultural.

“En el caso de la finca los Naranjos se trata de un predio de 44 hectáreas, el cual fue vendido por el propietario en un proceso realizado por Incoder para compra de tierras a desplazados. La comunidad indígena de Jebala no estuvo de acuerdo con esta compra para desplazados ya que allí vivían 6 familias indígenas desde hace décadas, a las cuales no se les tuvo en cuenta en el momento del proceso realizado por Icoder, a pesar de que esta finca figura en el estudio socioeconómico de la comunidad de Jebala, realizado por Incora desde el año 2005.

“Los desplazados ante la situación de oposición de la comunidad indígena de Jebala y ante la expectativa de acceder a otros terrenos, no han aceptado recibir esta finca. Ante ello, la comunidad de Jebala ha reclamado que se tenga en cuenta las necesidades y la priorización realizada en el estudio socioeconómico del 2005 y que el predio le sea entregado.

“Comunidades campesinas del municipio de Cajibío entraron a hacer posesión de terrenos de esta finca, requiriendo que si no es para los desplazados sea entonces para ellos; argumentado su necesidad de tierra pero también su decisión de que en el municipio de Cajibío no haya ninguna compra para indígenas.

“La presencia simultánea de las seis familias indígenas que estaban desde antes de la transacción realizada por el Incoder, y de los campesinos que han hecho ocupación del territorio desde mayo de 2012, se presta para situaciones difícilmente controlables como las que se han venido presentando, a pesar de los esfuerzos organizativos y de pactos de respeto y convivencia hechos.

“Por lo anterior, exigimos que instituciones como el Incoder y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que han generado este problema, asuman de manera rápida una salida jurídica para su solución. A la comunidad campesina los llamamos a que respeten los pactos de respeto y convivencia y a que seamos conscientes de que la alta concentración de la tierra esta en manos de los sectores con poder que son los que nos quieren dividir. Igualmente hacemos un llamado a los medios de comunicación para tratar de manera prudente estas situaciones, de manera que no sean utilizados para agudizar la problemática”.