A un  mes de  iniciar el periodo legislativo, la reforma ordinaria a la salud parece seguir relegada a casi un último plano por los quehaceres de la contienda electoral, sin embargo, el texto que estudiará la Cámara de Representantes desde el 16 de marzo, no será el original aprobado en Senado sino que tendrá algunas modificaciones.

Fue el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien así lo anunció recientemente y en diálogo con EL NUEVO SIGLO confirmó que “en tres semanas tomaremos una decisión oficial para lo que queremos en la ponencia”, por lo que por ahora están esperando “a reunirnos con los ponentes las próximas semanas y seguimos avanzando en la agenda de decretos y normativa”.

Dicha reunión será con los miembros de la Comisión Séptima de Cámara quienes asumirán el tercer debate de la iniciativa, y son los responsables de elaborar la ponencia.

Algunos consideran incluso que las audiencias programadas, interrumpidas por la campaña política, quedaron en vano, pues ya había suficiente socialización con la comunidad.

Ponencia negativa

Las cargas están divididas, como es de esperarse, y mientras se define la modificación del texto, la ponencia negativa radicada por Alba Luz Pinilla, Gloria Stella Díaz y Ángela Robledo, deberá ser estudiada.

Pinilla no sabe si los congresistas de la Unidad Nacional presenten una ponencia positiva, pero “tiene que discutirse primero la negativa”.

Por lo general cuando uno presenta ponencia negativa, “el Ministro que es el director de orquesta que maneja a los congresistas dice votar no, pero uno por lo menos tiene el derecho de explicarlo”.

Descarta que se llegue a hundir la ponencia negativa, pues “es un proyecto con muchísimos defectos pero ya pasamos las elecciones. Cámara de Representantes y el proceso  electoral por la movilización tan fuerte que hubo logró parar el proceso”.

La congresista cree que le han dicho al ministro: “tranquilo que la reforma la pasan después de elecciones y eso sería muy grave. La ponencia negativa ya se presentó, si la hubiesen querido votar negativa y hundir, pues la hubiera votado antes de irse, otros dijeron que iban a presentar ponencia positiva con ajustes pero no los han presentado”.

Insistió en que las audiencias y foros regionales no arrojaron el resultado esperado. “No soy amiga de las audiencias porque con las 18 audiencias en el Senado y nadie las leyó ni las tuvo en cuenta. Propuse en la Cámara que para qué hacíamos audiencias si teníamos mucho material recogido y nos puede servir, pero decidieron que sí las hacían”.

Reparos

Al hacer énfasis en lo “nefasta en su totalidad” de la iniciativa, reiteró que “esa reforma no puede pasar. Cambiarle alguna cosa es ser casi irresponsable, pero a la gente se le ha olvidado que esa va muy ligada a la estatutaria de salud, y el ministro reconoce el derecho fundamental a la salud pero lo que hace en realidad es quitarlo”.

Recordó que en 16 artículos de la estatutaria se somete a la sostenibilidad fiscal y “si, usted tiene derecho si hay plata y hay cosas muy graves. Por ejemplo ser solidario con el sistema, es un fiador que cuando se acabe la plata tengo que pagar, o por qué las EPS no son solidarias con el sistema y se quedan con la ganancia”.

De otro lado está la primer vicepresidente de la Comisión Séptima de Cámara, Lina María Barrera, quien adujo que está estancada porque no se han podido poner de acuerdo en torno a ella, al tiempo que negó tener conocimiento de que el jefe de la cartera ministerial fuera a reducir el articulado.

“Estamos en este momento dedicados a la campaña y no hemos tenido reuniones frente al tema”, dijo.

Reconoció que hay algunos artículos que no son convenientes como el de las gestoras de salud y la intermediación, “artículos de Mi Plan, los especialistas y su formación, la elección de los directores de hospitales públicos. Estamos buscando un mecanismo de conciliación con los médicos e interesados en el tema”.

Añadió que el tema más álgido que tiene que ver con las gestoras de salud. “Soy ponente y no estoy de acuerdo con que las EPS se conviertan en Gestoras de Salud. Esto porque ya le han hecho mucho daño al sistema. Se debe fortalecer la creación de más clínicas privadas, de los hospitales públicos”, agregó.

Radicalidad

Confirmó que el 16 de marzo cuando inicien labores en el Congreso empezarán las reuniones para llegar a un acuerdo.

“Hay que mirar si el ministro accederá a las modificaciones o no, en cuanto al articulado que queremos proponer, o nos tocará rendir ponencia negativa, o por lo menos en el caso, unirme a ella. Si no se pueden cambiar esos temas no voy a cambiar mi posición”, sostuvo.

Para Armando Antonio Zabaraín, también miembro de dicha célula legislativa, decidieron suspender la discusión “porque consideramos que no nos podíamos someter a esas presiones en las que teníamos: el tiempo que nos daban era imposible que la comisión aprobara o desaprobara un proyecto de tal dimensión. No era sano intentar sacarlo con esa rapidez que se pedía”.

También se refirió al texto aprobado en Senado y enfatizó en que no le gusta a la mayoría de representantes de su Comisión.

“No entendemos por qué a última hora modificaron una cantidad de cosas que se podrían haber dejado, y la Cámara tiene que asumir una responsabilidad muy grande”.

Algunos de los puntos más delicados para él es el de la integración vertical, “como se planteó allí no nos gusta. La complejidad de los hospitales se dividió en la complejidad 1, 2, 3 y 4 que era básica o complementaria”.

Objeciones

El nivel básico encierra el 1 y 2, “entonces no tiene presentación que hagamos esa modificación pero que digamos en el articulado que la atención básica va a tener integración vertical pero que la complementaria no”.

Argumentó que la Cámara quiere casi que unánimemente que se elimine la integración vertical.

Pese a que es optimista en cuanto a la aprobación, con modificaciones, del proyecto, “no entiendo cómo hay personas que dicen que no les gusta las EPS y piden que se hunda la reforma. Si se hunde la reforma pasarán 2 o 3  años para que el Gobierno presente una nueva”.

A lo que preguntó “¿vamos a dejar las EPS tal como están? Esta es una oportunidad, hay que aprovechar y actuar sobre ella”.

Los cambios que le haría son, entre otros, “quitar que cualquier hospital o clínica privada podría acreditar las especializaciones. Eso es perder el control. Hay que buscar una fórmula que ayude a las universidades para que amplíen los cupos y las funciones de las gestoras hay que revisarlas muy bien. Si vamos a cambiar solamente el nombre no tiene presentación”.

A ello se le suma la posición de la médica, representante conservadora y miembro de la Comisión Séptima de Cámara, Marta Cecilia Ramírez, quien solicitó la eliminación de los artículos 1, 3-8, 10 – 17, 19 – 22, 16 – 33, 36, 38 – 40, 43 – 68, 70, 72, 79 y 98.

Por ello Ramírez radicó ponencia negativa en diciembre pasado y solicitó su archivo, por considerar que esta no aborda ni resuelve los problemas estructurales del sistema en Colombia.

Sin garantías

La congresista conservadora aseguró que “la reforma ignora mandatos constitucionales determinados en los artículos 5° y 49°, no  garantiza en ningún lado el respeto a la salud como derecho fundamental de los colombianos”.

Además, no existen elementos “que nos garanticen el desarrollo de la oferta hoy insuficiente y obsoleta, la cual es fundamental para una prestación de servicios oportuna y con calidad”.

Según la congresista, tampoco resuelve la situación indefinida e insostenible del talento humano de los cuales el 68% hoy está en la informalidad, “ni deja clara la protección de los recursos públicos hoy abusados y tan débilmente controlados”.

Es decir, “la corrupción administrativa que ha sido uno de los elementos preponderantes y obstáculo para sacar adelante el sistema de salud colombiano, seguirá siendo la responsable de la gran inequidad que hoy vivimos en materia de salud”.

Además resaltó que después de estudiar durante años en profundidad la problemática que vive la salud en el país, encontró que los postulados del Maestro Héctor Abad Gómez, en los textos de “Teoría y Práctica de la Salud Publica” de 1987 siguen vigentes.

“Es increíble que frases como: Las carencias no son técnicas, ni de personal, ni de recursos. Lo que hace falta es una decisión política, o Si no contribuimos a ayudar, a organizar a nuestro pueblo para la salud y el bienestar, en libertad y en paz, otros lo harán probablemente con violencia y tiranía. Esta es la gran responsabilidad histórica que hoy tenemos los colombianos, 29 años más tarde parecen haber sido escritas ayer”, añadió.

En su opinión, reflejan perfectamente la situación de la salud en Colombia, pues “una vez más la reforma se ocupa de los temas administrativos y financieros dándole la espalda al usuario y a los profesionales de la salud que deben ser los principales ejes del sistema”.

Ante algunos medios el senador Luis Carlos Avellaneda también manifestó su inconformismo porque asegura ser  “traicionado prácticamente por todos los partidos políticos porque todos firmaron conmigo una ponencia y en el último debate, en la plenaria del Senado, abandonaron los intereses generales de la población y se comprometieron con los intereses mezquinos de unas EPS que no hacen sino robarse la plata de la salud de los colombianos”.

En su consideración el Congreso perdió una gran oportunidad de haber hecho la Reforma que estaba requiriendo el pueblo colombiano, “de hacer una buena ley estatutaria de salud, de diseñar la ley como derecho humano fundamental porque desde la Ley 100 de 1993 ese derecho perdió su carácter esencial para convertirlo en un negocio muy jugoso para las EPS”.

Observaciones de la Contraloría

EN SU momento, la Contraloría General divulgó una serie de observaciones sobre la iniciativa e indicó que en el artículo 8 sobre Integralidad “No se define lo que debe entenderse por tecnologías de la salud y la  posibilidad de ser financiados con recursos del sistema de cara a lo previsto en el artículo 49 constitucional”. “Todas las comunidades que se encuentren en riesgo deben tener la posibilidad de ser beneficiarios de los recursos del sistema y no solo de manera excepcional”.

En el artículo 25 “se debe garantizar la prestación del servicio en zonas marginadas”.

En el artículo 7 se debe hacer una evaluación anual de los indicadores de goce efectivo.

En el artículo 6 literal i) que habla sobre la sostenibilidad, “la Corte Constitucional ha sido clara en manifestar que se debe garantizar el mínimo en la atención en salud”.

En el artículo 10 literal j) que aborda la solidaridad, la Contraloría explicó que “el principio de la solidaridad debe contar con una definición más precisa”.

Además, “el proyecto de ley estatutaria no hace referencia a los recobros por parte de las EPS  al Fosyga”.

En el artículo 6 literal h) sobre la libre elección “las personas tienen la libertad de elegir sus prestadores de servicios de salud dentro de la oferta disponible”.