El ‘carrusel de las pensiones’ en las altas Cortes tiene ya varios quejosos. A la avanzada hecha por la contralora Sandra Morelli Rico contra el Consejo Superior de la “Jubilatura”, se suma el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, quien según informe presentado por el portal “Negocios y movidas”, los costos fiscales adicionales  por efectos de la jurisprudencia del Consejo de Estado, ordenando reliquidar pensiones, ascendieron en el mediano plazo a 20.1 billones de pesos, lo que representa 3.8 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), mejorando sustancialmente las pensiones de funcionarios de la Rama Judicial, incluidas todas las Cortes, el Congreso, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Seria advertencia. Advierte el Ministerio de Hacienda que “en sentencia reciente se aplican todos los factores devengados, independientes de que se haya cotizado sobre ellos”. Y señala que “la misma disparidad se presenta cuando fija el tope de las pensiones (con base en el promedio del último año o de los últimos seis meses y/o de acuerdo con la asignación más elevada del último año)”.

Según las cifras de la  Dirección General de Presupuesto, en 2010 se pagaron pensiones por 27.8 billones de pesos, mientras que para la Educación y la Salud se destinaron 17.1 billones y 10.4 billones, respectivamente.

Como quien dice, se gasta más en materia pensional  que en rubros tan vitales como la salud y la educación.

Otra intervención. La Procuraduría también intervino al respecto. Primero, en carta enviada a los magistrados de la Sala Seccional de Tutelas de la Corte Constitucional. En ella les solicita que señalen las pautas generales en relación con la aplicación de las normas pensionales con el fin de que los ciudadanos y la administración cuenten con reglas claras para la reclamación pensional desde un principio.

Preocupa al Ministerio Público el constante reconocimiento a derechos pensionales vía tutela, en particular de reliquidaciones de pensiones, afectando gravemente las finanzas  públicas.

A nuestro juicio, al paso que vamos, cuando explote la bomba pensional, quedaremos más mal que Grecia.

Mejor dicho, ¡a encomendarnos a san Gregorio Hernández!

Código minero. A propósito del Congreso Minero de Cartagena: Un minero preocupado recuerda que la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 13-82, de 2010, que modifica el Código de Minas.

El alto tribunal concedió un período de gracia de dos años al Gobierno para presentar al parlamento el nuevo Código. Sin embargo, el Ejecutivo ha dicho que no lo presentará, lo que quiere decir que va a desaprovechar  una gran oportunidad de contar con un nuevo estatuto que les permita a las autoridades erradicar todas las vagabunderías que se presentan en el sector minero.

El actual Código, que es producto de la Ley 685 de 2001, fue expedido  a instancias del  ministro Martínez, quien lo hizo modificar  mediante la Ley  1382 de 2010, pero fue declarado inexequible porque no se hicieron las consultas previas con las comunidades afectadas.