Un nuevo mecanismo de financiación de la educación superior se planteó al Congreso.

El senador Eugenio Prieto Soto, acompañado por la bancada del Partido Liberal, impulsa una iniciativa que busca que a través de la permanencia en la asignación de un punto del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) se suministren fuentes ciertas de financiación para la ampliación de cobertura de la educación superior.

En este proyecto se plantea la modificación de los artículos 23, 24 y 28 de la Ley 1607 de 2012 o de reforma tributaria. La norma busca de manera esencial modificar las disposiciones de carácter transitorio y volverlas permanentes, hasta que se cierre la brecha en la educación superior.

En el 2012 estas disposiciones transitorias fueron propuestas por el senador Prieto, avaladas por la bancada liberal y aprobadas mayoritariamente, con el apoyo de congresistas de todos los partidos, con el propósito de buscar recursos para fortalecer la calidad y el aumento de cobertura en educación superior pública.

Luego de la expedición del Decreto 1835 de 2013, el Gobierno Nacional suscribió la Resolución 2839 de 2013 que distribuye los primeros $219 mil millones entre 59 instituciones públicas de educación superior del país.

Estos recursos son recaudados a través del CREE y sirven para iniciar el camino de inclusión, pero al no ser concurrentes no serán permanentes ni suficientes para garantizar continuidad en la ampliación de cobertura; mucho más si dentro del sistema se excluye al 60% de los jóvenes entre los 17 y los 21 años, es decir, más de 3 millones de colombianos.

Hay que tener en cuenta que cualquier reforma a la educación superior que se quiera realizar en Colombia debe tener una fuente cierta de financiación.

Actualmente, el financiamiento de la educación superior no responde realmente a las crecientes necesidades de recursos de las universidades públicas, y ante la priorización de gastos como el costo de servicios personales quedan rezagadas las inversiones requeridas para elevar la cobertura y calidad de la educación y alcanzar los rankings internacionales de la educación superior.

En la exposición de motivos de este nuevo proyecto de ley, se desataca que en el año 2001 el 7,9% de la población perteneciente al grupo entre 18 y 24 años pertenecía a la quinta parte más pobre que estaba matriculada en la educación superior. De forma positiva, aunque no muy significativa, este porcentaje se incrementó a 16,2% para el año 2012. Crecimiento que se ha dado de manera lenta pero que debe ser más agresivo.