Puntos opuestos sobre el paro agropecuario | El Nuevo Siglo
Domingo, 24 de Febrero de 2013

Los algodoneros, maiceros y productores de arroz, como también los ganaderos y demás sectores damnificados de la Costa Caribe “tienen razón al declararse víctimas del modelo económico que le otorga la primacía a la locomotora minera en desmedro de la producción agropecuaria”, declaró el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, a propósito de las protestas de los cultivadores de la semana pasada en Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y La Guajira.
“Son muchas las amenazas que lesionan gravemente los intereses de los productores costeños”, puntualizó Robledo; agregando que “a los TLC que viene suscribiendo a la topa tolondra el Gobierno del presidente Santos, se suman una devastadora revaluación, unos insumos impagables, un crédito costoso y cada vez más inaccesible y un creciente contrabando ante el que las mismas autoridades se han vuelto de espaldas”.
De otro lado, sobre la situación cafetera en particular, Robledo dijo ya hace algún tiempo que “en las políticas neoliberales está el origen de los problemas de los caficultores” entre las cuales está “el debilitamiento de las instituciones cafeteras, a favor de la especulación de las trasnacionales que compran café”. La situación “afecta más un productor mayor que uno menor, porque recibe menos plata porque produce más; sin embargo, el 95 por ciento de los cafetales tienen menos de cinco hectáreas; y en la gran pobreza prevaleciente cualquier baja en el ingreso se paga literalmente con hambre”.
Por su parte el presidente Santos indicó que existen “intereses políticos” detrás de las protestas que se han anunciado en diferentes municipios del país dentro del llamado paro cafetero.
El primer mandatario calificó como “injustificadas” estas acciones puesto que durante su Gobierno se han entregado 4,9 billones de pesos en subsidios con el fin de apoyar el sector cafetero.
“Hay muchos intereses que lo que quieren es debilitar la institución cafetera porque no tienen la posibilidad de echarle mano a los contratos o de intervenir en su administración para beneficio propio o por intereses propios”, indicó Santos.