El ministro del interior, Aurelio Iragorri, le habría confirmado a La W que la solicitud del contralor de Santa Marta, Horacio Escobar, de suspender al alcalde Carlos Caicedo no sería acogida.

El argumento de Iragorri es que “para esto es necesario que la Contraloría General tenga bajo su competencia algunos de los procesos que se le llevan al mandatario, bien sea por control preferente o prevalente”.

“Tenemos 11 procesos de responsabilidad de una serie de hallazgos”, explicó Escobar, para quien Caicedo podría haber incurrido en malos manejos que habrían causado un detrimento patrimonial cercano a los 11.000 millones de pesos.

A través de otra carta el concejal Antonio Sanguino, copresidente vocero de la Alianza Verde, y la parlamentaria andina Gloria Flórez, secretaria de la colectividad, le dijeron al presidente Santos que el contralor Escobar confunde las facultades previstas para su cargo en la Constitución, dado que el funcionario no podía solicitar la suspensión de Caicedo con base en investigaciones fiscales.

Caicedo, que en 1994 fue vocero del proceso de paz de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y en 1997 asumió la rectoría de la Universidad del Magdalena, estuvo desde 2006 encarcelado por el presunto pago ilegal de cesantías a 47 docentes, por 3.600 millones de pesos, cargos de los que fue absuelto en 2011 por el Tribunal Superior de Bogotá.

En realidad el pago de las cesantías fue revisada y aprobada por la Procuraduría y el Tribunal Contencioso, y un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción ordenó precluir el caso; pero los entonces gobernador Trino Luna (condado luego por parapolítica) y contralor del Magdalena, Luis Edmundo Sanjuán (destituido y procesado por peculado) lograron que el DAS convenciera a la Fiscalía de reabrir el caso, dictándole a Caicedo medida de aseguramiento en 2006, siendo condenado en 2007.