La normatividad que prohíbe la difusión de publicidad y propaganda política móvil en Bogotá tiene enfrentados a la Administración Distrital y a un sector empresarial que se siente perjudicado por esta restricción.
Mientras que para la Federación Nacional de Publicidad Exterior (Fenalpem) tanto la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, como el Concejo, están pasando por encima del derecho al trabajo y de varias normatividades que autorizan este ejercicio, la Administración asegura que se están previniendo efectos negativos.
El pleito se originó cuatro años atrás cuando, según Leonardo López, presidente de Fenalpem, Juan Antonio Nieto Escalante siendo secretario de Ambiente expidió varias resoluciones prohibiendo el uso de publicidad móvil en la capital con el argumento que esta actividad afectaba la movilidad y el medio ambiente.
López sostuvo que a pesar que la Ley 140 de 1994, la Sentencia 535 de 1996 y la Resolución 2444 de 2003 permiten esta actividad, la Secretaría los está “persiguiendo”.
“Por medio de varias resoluciones han venido coartando el derecho al trabajo y a la igualdad”, señaló.
“Esto es absurdo. No hay ningún tipo de estudio técnico que diga que es perjudicial para la ciudad. No pueden decir que están contaminados”, señaló.
Otro argumento usado por Fenalpem para defender su actividad es que la capital es la única ciudad donde se les ha prohibido ejercer esta labor.
López agregó que hay discriminación debido a que las empresas que transportan productos sí pueden exhibir en sus vehículos publicidad. “El hecho que lleven producto no incide en el tema ambiental”, dijo. “Reclamamos el derecho al trabajo, a la igualdad y a la libre empresa”, señaló.
El empresario además denunció que a pesar de la restricción de exhibir propaganda móvil existe un monopolio ya que la entidad le otorgó permisos a una empresa de publicidad móvil.
Adicionalmente sostuvo que mientras a este sector se le prohibió la publicidad, al sistema de transporte público del Distrito le fue autorizado. “Es clara la intención de darle el mercado al Distrito”.
López aseguró que esta situación perjudica a 12 empresas en Bogotá, de las 57 que la Federación reúne en todo el país. El negocio de las vallas móviles, según Fenalpem, asciende a 10.000 millones de pesos al año.
Sin normatividad
En respuesta, William Molano, coordinador del proyecto de publicidad visual de la Secretaría Distrital de Ambiente sostuvo que en la actualidad la publicidad en vehículos está prohibida en la capital.
“Actualmente no hay una norma que le dé la facultad a la Secretaría de Ambiente de evaluar y otorgar registros. Eso quiere decir que a las empresas de publicidad que quieran hacer una solicitud formal de un trámite, no les serán entregados porque la publicidad de carro-vallas y moto-vallas es publicidad de tipo ilegal”, subrayó.
Dijo que aunque no existen estudios que determinen los efectos de esta actividad para la ciudad, para la entidad es claro que ocasionan congestión.
“No tenemos estudios precisos que diagnostiquen de manera apropiada si estos vehículos trasgreden la seguridad vial. Pero para nosotros es una realidad que estos vehículos crean congestión por la baja velocidad a la que transitan”, indicó.
Aseguró que estos vehículos se aprovechan del vacío jurídico para realizar esta actividad. “Estamos en una confusión donde los dueños de estos vehículos lo que hacen es que aprovechan un bache que hay en la norma para pasar como si fueran vehículos de carga”.
Explicó que en cuanto al transporte público “sí hay una base normativa. Estamos tratando de que con la entrada del SITP la publicidad logre estar en este tipo de vehículos para incentivar las compras de vehículos que tengan energías limpias”.
Proyecto de acuerdo
La actual administración inició un proceso de concertación con el gremio de la publicidad exterior móvil para solucionar la problemática. Tras varias reuniones se discutió en el Concejo un proyecto de acuerdo para regular la actividad. No obstante, el proyecto de acuerdo 268, 278 y 282 de 2013, prohibió esta actividad.
A la iniciativa que fue aprobada en primer debate, le resta una discusión en plenaria de la Corporación para entrar en rigor. El proyecto es autoría del Distrito y del Concejo.
“Mediante un derecho de petición le explicamos al Concejo que no pueden prohibir una actividad comercial ya que la normatividad establece que se debe regular”, sostuvo López.