Con la seguridad alimentaria como tema central y el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionado de manera abierta por Ecuador, Venezuela, Bolivia y Brasil, la OEA inició ayer su 42a. asamblea general en Tiquipaya.

"Decidimos participar en la asamblea de la OEA para poner en su sitio a cierta burocracia internacional que se cree por encima de nuestros estados", indicó el presidente Rafael Correa.

El presidente Evo Morales inauguró el certamen, que se extenderá hasta mañana, en un complejo deportivo de una universidad privada.

El gobierno de Quito rechazó que la CIDH otorgara medidas cautelares temporales para suspender la sentencia contra tres directivos y un ex editor del diario El Universo, condenados en febrero pasado a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares en un juicio por injurias instaurado por Correa.

El canciller venezolano Nicolás Maduro dijo de su lado que "vamos a entregar un documento y a exponer sobre la decadencia (...) del sistema interamericano de derechos humanos, sus instituciones y de cómo la Comisión y la Corte están plegadas a los intereses de Estados Unidos".

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció en abril pasado que su país se retiraría de la Comisión, aduciendo que está supeditada a Washington para torpedear a su gobierno.

El jefe de la diplomacia brasileña, Antonio Patriota, dijo también que el propósito de Brasil, en coordinación con otros países, "es de introducir reformas que garanticen la legitimidad del trabajo de la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos".

Brasil observó en 2011 un pedido de la CIDH que pedía detener la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte en la Amazonía, tras emitir medidas cautelares a favor de los indígenas que se verían afectados con el megaproyecto.

Bolivia también anticipó sus críticas a la labor, no sólo de la CIDH, sino a la de la misma Organización de Estados Americanos, conformada por 34 países y estados.

La Paz "ha planteado cuestionamientos a la OEA (y) también a la Comisión. La OEA debe readecuar su funcionamiento, su política, reorientar toda la posición, en este momento alejada de los países latinoamericanos", dijo a la AFP la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.

Ante la ola de críticas, la posición de Washington fue clara en la víspera de la asamblea en Tiquipaya.

"Queremos todos nosotros fortalecer el sistema de derechos humanos en la región, fortalecer las instituciones y preservar la independencia y autonomía de la Comisión y de la Corte", sostuvo la secretaria de Estado adjunta norteamericana para la región, Roberta Jacobson, jefa de la delegación que llegará a Bolivia en lugar de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

El tema de seguridad alimentaria, en las declaraciones previas, no acaparó tanto interés en el lujoso hotel donde se albergan las delegaciones en Tiquipaya, de unos 90.000 habitantes y vecina de Cochabamba.

Sin embargo, también se estima que otros temas surgirán en la cita, como la demanda de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas frente a Gran Bretaña, y el reclamo boliviano a Chile por una salida soberana al océano Pacífico.

Sierra a la Corte

La canciller María Ángela Holguín representará a Colombia en la Asamblea, en cuyo marco, mañana en la tarde, se realizará la elección de tres nuevos miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Colombia postuló la candidatura de Humberto Sierra, actual magistrado de la Corte Constitucional, para ocupar uno de los tres puestos.

Los otros países que están aspirando a ocupar un asiento son Brasil, Jamaica, República Dominicana y México, por un periodo de seis años, iniciando el primero de enero de 2013.

La candidatura de Sierra fue presentada en enero por Holguín ante el secretario Insulza.

Por la reforma

El 30 de abril el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció que su país se retiraría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aduciendo que es un organismo supeditado a intereses estadounidenses para torpedear su gobierno.

Venezuela no permite desde 2002 que la CIDH visite el país, alegando que ésta reconoció el efímero gobierno de facto que se instaló durante el golpe de Estado de 48 horas contra Chávez en abril de ese año.

Por su parte, la Comisión incluyó a Venezuela ese mismo año en el capítulo de su informe anual que dedica a los países que suscitan una mayor preocupación en el continente.

Brasil es partidario de "introducir reformas" en el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA con el fin de "garantizar su legitimidad", dijo el canciller Antonio Patriota.

El gobierno de Dilma Rousseff cuestionó el año pasado un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que detenga la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte en la Amazonía, tras emitir medidas cautelares a favor de los indígenas que se verían afectados con el megaproyecto.

Varios países de la región han planteado reformar la CIDH, irritados por decisiones relacionadas con casos como el pleito judicial del presidente de Ecuador, Rafael Correa, contra el diario de oposición El Universo, o el de los guerrilleros muertos en Perú en un asalto a la residencia del embajador de Japón en 1997.

Alerta internacional

Rechazo de los países miembros de la OEA a las reformas que -a su juicio- buscan debilitar la labor de la CIDH, solicitó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La organización patronal de medios también se opone a las propuestas que buscan neutralizar la tarea actual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dijo la SIP en un comunicado divulgado en Miami, donde se encuentra la sede del organismo.

"Estamos preocupados por cualquier esfuerzo sobre propuestas de reforma que busquen restringir la independencia y eficiencia de la Comisión y su Relatoría", dijo el presidente de la SIP, Milton Coleman, editor jefe del periódico estadounidense The Washington Post.

Coleman añadió que estas instituciones vienen jugando un papel crítico para mantener y expandir el derecho del público a la información, la libertad de prensa y de expresión.

Europa

Hace un par de semanas, el Parlamento Europeo (PE) exhortó a Venezuela a reconsiderar su decisión de retirar al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al advertirle que le puede provocar "un aislamiento" del país.

Por 37 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones, la Eurocámara aprobó la resolución que "pide a las autoridades venezolanas que reconsideren esa posición".

El Parlamento Europeo "lamenta las decisiones de los poderes legislativo y judicial de Venezuela de apoyar el intento de su Presidente de retirar al país de la CIDH", señaló la resolución de los legisladores europeos.

Esto pone "de manifiesto el incumplimiento del principio de separación de poderes en dicho país y la absoluta sumisión de los poderes legislativo y judicial a las decisiones políticas del Presidente".

Los legisladores europeos urgieron a los países que "todavía no se hayan adherido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que lo hagan con la mayor rapidez y que participen plenamente en el mismo".

Y además animaron "al Gobierno de Venezuela y a todos los demás Estados de la región a reconocer y ejecutar las decisiones y recomendaciones de la CIDH (...) y les insta a que no tomen ninguna medida que pueda debilitar la protección de los derechos humanos".

Amnistía

"La demanda de respeto a los derechos humanos se hizo oír en toda la región durante 2011", pero estas peticiones de justicia "a menudo condujeron a quienes las realizaban al enfrentamiento directo con poderosos intereses económicos y políticos", agregó Amnistía Internacional en su más reciente informe, denunciando amenazas o incluso abusos contra las mismas personas que denunciaban las violaciones en varios países, aludiendo específicamente a las críticas a la CIDH.

Sin plata

La CIDH advirtió que carece de los recursos necesarios para cumplir con sus funciones.

"Los fondos asignados en el presupuesto regular de la OEA para su funcionamiento resultan insuficientes para cumplir adecuadamente su mandato", señaló el documento de la CIDH, entregado al órgano político de la OEA, el Consejo Permanente, en abril pasado.

El presupuesto asignado por la OEA a su ente autónomo de derechos humanos en 2011 fue de 4,3 millones de dólares, y adicionalmente la Comisión consiguió donaciones por 5,1 millones, sobre todo de la Unión Europea.

"En vista de que no parece que el presupuesto se modificará de manera sustancial en el corto o mediano plazo, la Comisión enfrenta urgente necesidad de contar con recursos que le permitan cumplir a cabalidad todos y cada uno de sus mandatos", que han aumentado con los años, indicó.

Flip

El abogado y periodista Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), alertó sobre los alcances que podrían tener las reformas a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH.

“Desde hace un poco más de seis meses se vienen discutiendo al interior de la Comisión Interamericana unas propuestas de reformas que incluyen cambios a la Relatoría de Libertad de Expresión. Una busca equiparar los fondos que se le dan a todas las relatorías, esto tiene un problema porque actualmente la Relatoría para la Libertad de Expresión es la única que puede ir a buscar sus fondos, que no recibe fondos de la OEA. Si se pretende equiparar, le quitará la posibilidad de conseguir recursos y le dificultará hacer su trabajo, sus misiones. Por otro lado, la reforma pretende quitarle la posibilidad de hacer un informe anual e imponerle un código de conducta que se traduce en que los estados puedan tener una mayor fiscalización al trabajo que hace la Relatoría”.

Insulza

"Se requieren reformas", afirmó Insulza durante un seminario en la CIDH.

"Mi intención es darle certeza al sistema, en ningún caso debilitarlo", dijo Insulza, quien en el seminario enfrentó críticas de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) y expertos legales, que advirtieron contra la posibilidad de que se erosionen las atribuciones de la CIDH.

"Una cosa que enrarece el ambiente a veces es el supuesto de que los países, los gobiernos quieren hacerle algo a la Comisión", lamentó Insulza, al rechazar "rumores" sobre intenciones veladas de la OEA, que emitió en enero un documento con una serie de recomendaciones no vinculantes para la CIDH.

Ese informe, rechazado por varias organizaciones no gubernamentales que alegan que busca restar atribuciones a la Comisión, será debatido también en la asamblea general.

Esas recomendaciones se centran en promover la universalidad y aumentar los fondos de la CIDH, pero también proponen restringir criterios para otorgar medidas cautelares y modificar el informe anual sobre el estado de los derechos humanos en los países de la región.