Con elpropósito de hacer un reconocimiento de la concepción indígena sobre el territorio, así como invitar a la protección de los derechos colectivos de las etnias y generar una reflexión de que la diversidad implica dar cabida a nociones diferentes de derechos de propiedad y modelos de desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el cuadernillo Pueblos indígenas. Diálogo entre culturas, un ejercicio de reconocimiento a las principales problemáticas que aquejan a esas comunidades.

 

Para empezar a hacer un panorama de la situación de estas comunidades basta con reseñar que no hay un número exacto de pueblos indígenas. Para el Ministerio de Cultura hay 87 pueblos, en el censo que realizó en el 2005 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hay 93 y según la ONIC Colombia tiene 102 poblaciones indígenas. En lo que si hay un consenso generalizado es que las poblaciones reúnen más o menos a 1.378.000 personas y que agrupan un poco menos del 3,5 por ciento de la población nacional.

 

El territorio es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de estas comunidades teniendo en cuenta que ellas las consideran importantes no solo desde el punto de vista económico y productivo, sino también desde el espiritual, es un espacio que para ellos representa el arraigo de su historia, cultura, ancestros, autonomía y libertad.

 

Por ejemplo, para los indígenas de la Amazonía el significado de territorio es “un don de Dios, gracias al cual los indígenas pueden vivir en paz, mantener su libertad, desarrollarse individual y colectivamente, y continuar con su vocación de crear y de dar vida. El pueblo tiene una relación mística con la Tierra Madre que es sagrada. Ella es la fuente de vida, sin la cual no se puede ni existir, ni sobrevivir. Es un elemento central de su cultura, de su relación con Dios”.

 

A pesar de que cada comunidad tiene su visión propia de su territorio y en la Constitución del 91 existen elementos que propenden por los resguardos indígenas como propiedad colectiva y no enajenable, sin embargo los artículos 229 y 230 que son los que tocan el tema de los resguardos parece que no cumplen al pie de la letra con sus deberes y por eso uno de los temores más grandes que existe entre los indígenas es el peligro de extinción que los ronda.

 

En vía de extinción

 

Según el estudio del PNUD varios factores como el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza, la miseria, las malas condiciones de salud y nutrición, la falta de fuentes de ingreso, el saqueo de sus territorios, entre otros, configuran un escenario de riesgo para las comunidades indígenas.

 

Y es que el riesgo es tal que la ONIC ya catalogó a 32 poblaciones indígenas como “en riesgo de desaparecer” debido a que cuentan con una población de menos de 500 personas y están ubicados en la Amazonía y la Orinoquía. Pero de estos 32 pueblos, hay 18 que tienen una población inferior a 200 personas, y otros 10 están conformados por menos de 100.

 

Sin embargo, esas no son las únicas preocupaciones que les rondan la cabeza, ya que temas como megaproyectos, narcotráfico y el desplazamiento son algunos de los factores más importantes que están poniendo en peligro el mantenimiento en el tiempo de los indígenas colombianos.

 

La creación de megaproyectos ha generado un choque entre los modelos de desarrollo del Estado y las prácticas de vida de los indígenas. “Algunos por su estratégica situación geográfica son proclives al establecimiento de proyectos de desarrollo muy atractivos para los grandes capitales: carreteras, extracción minera, explotación de petróleo y gas, proyectos hidroeléctricos, colonización dirigida y cultivos intensivos, lo que genera conflictos, enfrentamientos, desplazamiento, despojo de tierras y violaciones a los derechos humanos”, explica el texto.

 

Los megaproyectos no deberían influir tanto en la vida de las comunidades indígenas y los resguardos si realmente se pusiera en práctica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el cual los pueblos tienen derecho a decidir sus prioridades en lo relacionado a los procesos de desarrollo, o lo que comúnmente se conoce como proceso de consultas previas.

 

Aunque las consultas están definidas en la Carta Magna y en varios acuerdos internacionales, un informe realizado por la ONIC en el 2010 daba cuentas de que en el 80 por ciento de los casos estás consultas no se habían realizado.

 

“Más del 80 por ciento de nuestros territorios han sido dados en concesión sin consulta previa, par mala implementación de proyectos económicos. En septiembre de 2009, el Estado colombiano resolvió que los resguardos coloniales, con más de 190 años de existencia, no existen”, indica el informe.

 

La minería legal e ilegal y los hidrocarburos, son algunas de las actividades que han amenazado con la desaparición de las poblaciones indígenas ya que muchas de las zonas en las que se ha identificado la existencia de algún mineral o hidrocarburo son territorios indígenas y, según el informe, las predicciones apuntan a que habrá un incremento de la explotación de estos recursos en territorio indígena.

 

Según los cálculos, cerca de 69 pueblos y 358 resguardos han sido o podrían ser afectados por la actividad de explotación y transporte de hidrocarburos. Los grupos más afectados serían los Zenú, en Córdoba, Urabá y Antioquia; y los Emberá y Emberá Katío.

 

La influencia del conflicto

                             

Sin lugar a dudas, uno de los factores que más pone en riesgo a las comunidades indígenas del país ya que ha sido el principal factor de violación de sus derechos humanos y la consecuente violencia ha tenido impactos visibles en sus territorios. Dentro del conflicto hay unos elementos adicionales que han generado fenómenos de asesinatos de líderes, despojo de tierras, desplazamiento forzoso y sometimiento a las imposiciones de los grupos armados al margen de la ley.

 

* Las ventajas estratégicas de los territorios indígenas para los grupos ilegales (guerrilla, narcotraficantes, paramilitares, bandas criminales) como zonas de refugio, corredores para el tráfico de armas, drogas, contrabando y movilización de sus efectivos. También para ejercer desde allí el control de zonas económicas.

 

* La inversión de grandes capitales en zonas cercanas a territorios indígenas o directamente en ellos, atrayendo primero a la guerrilla por razones políticas y financieras, y luego a los paramilitares para defender sus empresas.

 

* La expansión de los cultivos para uso ilícito, coca y amapola, que han terminado invadiendo casi todos los territorios convirtiéndose en la principal fuente de financiación de los actores armados de uno y otro bando.

 

* La expansión del narcolatifundismo hacia zonas con alto potencial de valorización de tierras. Guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, empresas multinacionales y megaproyectos, son fuerzas externas de gran magnitud e impacto económico, capaces de desestabilizar las estructuras ambientales, territoriales, culturales y sociales de cualquier comunidad, al imponer su dominio y precipitar altos niveles de violencia.

 

Y es que las consecuencias de los anteriores factores se han hecho evidentes durante los últimos años, tal y como lo registró en el 2009 el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el cual se registró un aumento del 49 por ciento, al comprar el total de víctimas de los últimos dos años, con 71 homicidios entre selectivos y masacres, en 2008 y 106 en 2009. Hace tres años las comunidades más afectadas fueron los Awá, con 60 víctimas; los Nasa o Paez con 21 víctimas; y luego los Emberá Chamí y Zenú, con cinco víctimas cada uno.

 

Otros datos estadísticos recolectados por la ONIC registraron entre el 2002 y el 2009 más de 1.400 homicidios, siendo los años 2008 y 2009 los más violentos, con un total de 111 y 176 asesinatos respectivamente.

 

El desplazamiento forzoso ha sido una de las múltiples consecuencias que ha dejado el conflicto a las etnias de varias partes del país, según el PNUD entre 2002 y 2010 unos 74.000 indígenas fueron desplazados de sus territorios, en forma individual y colectiva, obligados a salir como respuesta a las presiones, persecuciones y hostigamientos. El crecimiento de ese fenómeno ha sido desproporcionado, tanto así que entre 2006 y 2007 ese fenómeno aumentó en un 23 por ciento.

 

Para alivio de los indígenas del país, la Corte Constitucional se pronunció con respecto al desplazamiento forzado a través del Auto 004 del 26 de enero de 2009, texto en el cual manifestó que los pueblos indígenas de Colombia se encuentran en riesgo de ser exterminados física y culturalmente.

 

 

 

Pobreza

 

El 63% de la población indígena está sumergida en una pobreza estructural, en tanto esta afecta a cerca del 54% de los colombianos, y el 47,6% de indígenas se sitúa por debajo de la línea de miseria, indicadores altos con respecto al resto de los habitantes del país. Por eso la ONIC en sus informes viene planteando con insistencia que: “Los pueblos indígenas constituyen una porción de los pobres y de las personas que viven en extrema pobreza, no tienen adecuado acceso a servicios de salud y educación básicos, ni a servicios sociales de calidad que tengan en cuenta las particularidades culturales.

 

 

Salud

 

De acuerdo con el Ministerio de Salud solo el 67,5% de los indígenas están afiliados al régimen subsidiado de salud, es decir, cerca de 931.647, de un total de 1,4 millones. Otros indicadores muestran el estado de salud de un grupo, como el índice de mortalidad infantil indígena que corresponde a 63,3 muertes por cada mil nacidos vivos, en comparación con el promedio nacional que se sitúa en 41,3. Entre la población indígena de Colombia se presenta una de las más altas tasas de mortalidad infantil del mundo, un promedio de 250 de cada mil niños nacidos en las comunidades del Cauca, Nariño y Antioquia, fallecen antes de los 6 años, la principal causa de mortalidad infantil es la desnutrición.

 

 

 

Educación

 

A pesar de que existe un programa establecido de educación bilingüe, conocido como etnoeducación, su alcance es limitado y las tasas de analfabetismo son altas. De hecho, el gobierno estima que el 28,6% de los indígenas mayores de 15 años son analfabetas. El analfabetismo entre los indígenas mayores de 15 años se sitúa en cerca de más de 11 puntos con respecto al promedio nacional y entre las mujeres la tasa es aún superior en más de 10 puntos con respecto a la masculina. La brecha se agudiza en los mayores de 18 ya que un alto porcentaje, cerca del 77%,  ni siquiera ha cursado completa la educación media y apenas un 29% ha superado el nivel de educación básica.

 

 

Alimentación

 

Según Unicef, más del 70% de los niños sufren de desnutrición crónica. Han sido públicos los casos de muerte por esta causa de menores de edad de los pueblos Curripaco, Emberá Dovida, Puinave, Sikuani, Yukpa, Wayúu y Wiwa, al igual que los casos de elevada desnutrición en los pueblos Awá y Eperara Siapidaara. En 2008 y 2009, organismos del Estado e incluso las comunidades, hicieron públicas situaciones de desnutrición severa en la Sierra Nevada de Santa Marta (Kogui y Arhuacos) y, entre otros, en los departamentos del Cauca, Chocó, Guaviare y La Guajira. La situación es tan grave que en 2010 la ONIC dio cuenta de la muerte de 41 niños por desnutrición en la comunidad Barranco Minas de Vichada.                                                      

 

 

Posibles soluciones

 

Una de las conclusiones a las que llega el PNUD a través de esta investigación es que se deben crear algunas estrategias direccionadas hacia un mejor diálogo entre las instituciones del Estado, los pueblos y las organizaciones indígenas. Algunas de las posibles soluciones planteadas son:

* Políticas públicas con desarrollo humano: las cuales apunten a ampliar las capacidades y oportunidades de los pueblos indígenas, reconociendo y protegiendo los derechos colectivos; reconociendo su concepción de territorio y de relación simbiótica entre este y la comunidad; reconociendo que la diversidad implica dar cabida a nociones diferentes de derechos de propiedad y modelos de desarrollo.

* Enfoque de derechos: que permitan la aplicación de sus derechos, los indígenas son titulares de aquellos que requieren medidas legislativas, administrativas, institucionales y soporte financiero que permitan su goce efectivo.

* Enfoque diferencial: Debe ser incluido de manera transversal en la institucionalidad pública para proteger la libertad cultural y promover políticas públicas integrales de prevención, protección y atención a los grupos étnicos, en este caso, a los pueblos indígenas como entidad colectiva y a los indígenas como miembros de una comunidad.