A DOS años de instalada la mesa de negociación entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc, el proceso de paz tuvo esta semana la que bien se puede considerar como la “prueba de fuego” más dura en lo que va de las tratativas.

El secuestro del general Rubén Darío Alzate, un suboficial y una abogada que trabaja para las Fuerzas Militares, tras una confusa situación en el corregimiento de Las Mercedes, a orillas del río Atrato, a 20 minutos de la capital chocoana, se convirtió en lo que los contadores suelen llamar una ‘prueba ácida’ a la fortaleza de la negociación.

Más allá de las circunstancias en que se produjo la retención del general, primero en ser capturado por la guerrilla tras varias décadas de conflicto, lo cierto es que fue su secuestro, más que el de dos soldados profesionales en Arauca días atrás, el que desató la crisis y también será su liberación, programada para estos días, la que verifique si este proceso pasó ya el  punto de no retorno del que EL NUEVO SIGLO ha hablado en reiteradas ocasiones para evidenciar que esta negociación es, sin duda alguna, la que más lejos ha llegado y, por tanto, la que más posibilidades tiene de acabar con la guerra que ha desangrado al país en más de cincuenta años.

Si se analiza lo ocurrido en la última semana se pueden distinguir tres escenarios diferentes que explican lo que podría ser el presente y el futuro del proceso, según se desarrollen las circunstancias y, obviamente, partiendo de la base de que las Farc cumplan su palabra de liberar a los militares secuestrados y a la abogada.

Prueba de fuego

La crisis en si no se derivó del secuestro del general como tal, partiendo de la base de que su retención por parte de los guerrilleros es una típica acción de guerra, puesto que se trata de un mando militar capturado por el enemigo, sin uso desproporcionado de la fuerza, lo que encuadra el hecho dentro de los cánones propios del Derecho Internacional Humanitario que rige para conflictos armados internos y que, por más abominable que sea el secuestro, tolera esta clase de capturas más no así la posibilidad de que se cataloguen los cautivos como prisioneros de guerra.

En ese orden de ideas, lo más importante es que ni el gobierno como tampoco la guerrilla se levantó de la mesa tras la suspensión del ciclo de negociación por parte del presidente Juan Manuel Santos y la condición de que éste solo se reanudaría cuando se produjeran las liberaciones.

Esta es la verdadera prueba de fuego del proceso porque, como se dice popularmente, ninguna de las partes “pateó la mesa” ni se levantó.

Se trata de un elemento significativo toda vez que si bien es cierto  ya se han logrado preacuerdos parciales sobre tres de los puntos de la agenda de negociación (desarrollo agrario, participación política y narcotráfico) y se avanza en el punto de las víctimas, e incluso también ya existe una comisión para tratar el tema del desarme y la terminación del conflicto, lo cierto es que faltan los temas más difíciles por pactar, como son los relativos a la desmovilización del pie de fuerza insurgente, las garantías de no judicialización, los espacios de participación política efectiva  y, sobre todo, la necesidad de confeccionar un pacto de paz lo suficientemente potable que resista la refrendación popular en las urnas y lleve, allí si, a la verdadera etapa del posconflicto, de la que tanto se viene hablando e incluso cuantificando, pese a que no hay bases sólidas ni fácticas para esos cálculos.

Otro elemento determinante en lo que pasó esta semana ha sido que el componente internacional del proceso, es decir el papel de los países acompañantes y garantes, en especial de Cuba y Noruega, se activó por primera vez en forma sustancial y fue su papel facilitador  el que finalmente terminó viabilizando una salida a la crisis. 

No hay que olvidar que las Farc  bien pudieron haberse radicalizado en la postura de que las reglas del juego del proceso parten de la base de que se negocia en medio del conflicto y, por lo tanto,  la captura del general no las violaba. Incluso, la guerrilla podría haber condicionado la devolución del alto militar a la excarcelación de algunos guerrilleros, en una especie de “canje” automático e informal dado que, quiérase o no, tener en sus manos a un general es un botín de guerra al que es muy difícil renunciar, más aún de forma gratuita y sin ninguna contraprestación del enemigo. Negar esa realidad, es apenas ingenuo.

De allí que cuando uno de los voceros de las Farc dijo que devolver al general era ya de por sí una muestra fehaciente de la voluntad de paz de la subversión,  se trata de una postura que debe ser analizada, precisamente, en ese contexto. Es decir, la guerrilla liberará a los militares como un acto de paz, para proteger y preservar el proceso, y no como un acto de guerra, en donde si cabría la exigencia de canjes o contraprestaciones, como ya se dijo.

Por otra parte una de las lecciones más importantes de los últimos días es que pese a la polarización política que rodea el proceso, gran parte del llamado establecimiento terminó respaldando o, al menos rodeando, la decisión del presidente Santos de suspender el proceso, pese a que incluso hubo sectores que consideraron esa determinación como apresurada o ajena a las mismas reglas del juego que el gobierno ha defendido y con base en las cuales se ha opuesto reiterativamente a la petición de las Farc de buscar una tregua bilateral o negociar mecanismos para desescalar el conflicto.

Para pensar

Sin embargo, el hecho de que un asunto propio del conflicto como es la captura de un oficial por parte de la guerrilla haya llevado a la suspensión del proceso, ya marca un elemento nuevo, puesto que hasta el momento pese a ataques de las Farc a civiles e integrantes de la Fuerza Pública, e incluso secuestros por parte de la subversión, ello no había ocurrido.

La tesis de que la mesa en La Habana avanzaba en la negociación sin importar lo que pasara en Colombia y en el conflicto, literalmente se rompió y marca una nueva fase que tendrá consecuencias e implicaciones a futuro.

En segundo lugar es claro que ese mismo ambiente de aislamiento de la delegación subversiva en la capital cubana frente a lo que hacen los bloques, frentes y cuadrillas en Colombia, cada vez se evidencia como un problema que debe ser ajustado. La devolución del general, guardadas las proporciones, es muy similar a lo que en su momento hizo la guerrilla cuando tuvo que pedir disculpas por un ataque terrorista en Cauca o el secuestro de la hija de un policía. La delegación insurgente termina pagando el costo político por las acciones de guerra de alto impacto de sus combatientes.

En ese orden de ideas, es claro que el proceso ha avanzado en  La Habana porque se ha mantenido aislado e incluso blindado de las acciones de guerra que pasan en Colombia, pero si de ahora en adelante tras cada ataque de alguna de las partes, con un alto saldo de muertos y heridos, o que produzca un hecho de indignación pública muy alta el proceso de va a suspender, entonces la negociación se va a dilatar aún más de lo que ya está lo cual, obviamente, le conviene más a la guerrilla, pues gana escenario político y tiempo para recuperación militar, mientras que el gobierno resulta el principal perjudicado ya que se desgasta políticamente, como lo evidencian las encuestas en las que es claro que el apoyo al proceso de paz está cada vez más condicionado a que se finiquite en Cuba, rápidamente, y se pase de las palabras a los hechos.

Por ejemplo ¿si mañana las Farc asesinan a diez militares, o el Ejército da de baja a un comandante subversivo como alias Joaquín Gómez, no resulta esto más grave que el secuestro de un general y su pronta liberación? ¿Si esto llegara a ocurrir se suspenderá el proceso?

Como se dijo la negociación ha avanzado porque se mantenía aislada y blindada frente a lo que ocurría en el conflicto. Pero como esto ya no va a ocurrir y las partes en La Habana dividen su tiempo entre los puntos pendientes de la agenda y la resolución de los hechos de guerra en Colombia, el proceso se alargará indefinidamente.

La tesis del gobierno es que lo más importante no debe ser pactar medidas para humanizar o desescalar el conflicto, sino buscar una solución definitiva para la terminación del mismo. Precisamente por eso se negocia en medio de la guerra, de lo contrario si hace dos años, en Cuba, se hubiera empezado por  negociar temas relativos al secuestro, las minas antipersona y otros para “humanizar” el conflicto, es claro que no se estaría ni siquiera en la mitad de la agenda de negociación que hoy se tiene.

Por eso, el gran reto que hoy tiene el proceso no es superar el caso del general y los tres militares, sino definir qué va a pasar si algo así, o más grave, vuelve a ocurrir. Ahí está el verdadero meollo del asunto.

De otro lado es evidente que situaciones como las filtraciones de inteligencia militar y los errores cometidos por la fuerza pública, como se evidencia en los confusos hechos que llevaron al secuestro del general, continúan siendo un flanco débil del proceso por parte del Estado, y que en muchas ocasiones le terminan dando “munición” efectiva y contundente a los críticos de la negociación. Sería ingenuo negar que las reservas del uribismo frente a la negociación con las Farc tomen un tinte de impacto distinto cuando se producen  eventos como los de la última semana. Bien lo decía un analista según el cual fue una acción fortuita de la guerrilla, como lo es capturar a un general desarmado, de civil, sin escolta, en un caserío del Chocó, la que le dio a los críticos del proceso el escenario perfecto para revalidar sus peros al mismo e incluso, parece obvio, la reacción presidencial de suspender el ciclo en La Habana, pareció destinada más que a poner contra la pared a las Farc, a blindarse de la andanada previsible de la oposición si se hubiera seguido en Cuba sin ninguna novedad.

 Lo que viene

Como se dijo, si las Farc cumplen su palabra y devuelven a los secuestrados, el proceso habrá salido fortalecido. Sin embargo, si en la negociación llega a atravesarse la necesidad de discutir desde ahora sobre una tregua unilateral o bilateral para el resto del proceso, la aceptación para el mismo será sustancial.

Lo que hay que tener en claro es que estando ya en la recta final de la negociación, cualquier situación que se atraviese, distraiga, dilate o demore el ritmo, jugará en contra del proceso. El tiempo es, sin duda, el mayor enemigo de este intento de búsqueda de paz y desconocer esa realidad bien podría dar al traste con todo lo avanzado en este gobierno.

Es claro que por más difícil que sea de comprender para la opinión pública, las partes deben volver a las reglas del juego inicial, porque fueron ellas, precisamente, las que permitieron llegar hasta donde hoy se está. Es evidente que estando ya a 11 meses de las elecciones regionales, vamos para una campaña política departamental y municipal atravesada por el proceso de paz. Ya es muy complicado que en octubre de 2015 se pueda citar al prometido referendo refrendatorio de los acuerdos con las Farc, no sólo por lo que falta negociar en La Habana, sino porque con el ELN ni se ha instalado la mesa de negociación.

En perspectiva, como se ve, es claro que esta ‘prueba ácida’ al proceso va dando resultados más positivos que negativos, pero si sus implicaciones no se saben manejar con objetividad, cabeza fría y madurez será más lo que se pierda que lo que se gane, a corto plazo. ¿Cómo blindar las negociaciones de La Habana de lo que ocurra en la guerra en Colombia?. Esta continúa siendo la pregunta clave a resolver.