La iniciativa de política criminal presentada por el Gobierno, no tiene contentos a muchos senadores y representantes. Varios de ellos consultados por EL NUEVO SIGLO temen que el proyecto pueda generar impunidad.

El senador Germán Varón, de Cambio Radical, dijo que “entiendo que pretende descriminalizar algunas conductas y darles procedimientos alternativos. Si los procedimientos alternativos permiten que se modifiquen las conductas, estoy de acuerdo pero aún debemos conocerlo en su integridad”.

El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Carlos Correa, explicó que “el tema de la inasistencia alimentaria tiene el problema que muchas veces como es un delito querellable, una vez se retiran los cargos, el proceso es de tipo penal. Se puede estar haciendo un daño porque en un mes de retraso puede ser porque una persona perdió su trabajo y no pudo cumplir con su compromiso”.

El senador del Partido de La U Manuel Enríquez Rosero, manifestó que “esa iniciativa ya había sido presentada por el anterior Ministro de Justicia, pero se determinó retirarla para incluir algunos puntos que son de gran preocupación. Ese es el proyecto que se ha radicado y esperamos que muy rápidamente llegue a la Comisión Primera. Me parece que es un proyecto importante, que apunta a solucionar unos temas muy delicados, como por ejemplo el tema del hacinamiento carcelario. El problema es que por cada coyuntura que se presenta, estamos inventándonos nuevos delitos, nuevos tipos penales, entonces hay que adoptar una política general”.

Análisis

Por su parte Clara Rojas, representante a la Cámara por el Partido Liberal, aseveró que “me parece importante, pero tenemos que analizarlo para conocer su contenido y seguramente tendremos amplia discusión en la Comisión Primera. Pero hay que revisar con lupa qué delitos sí, y qué delitos no, porque tampoco se trata de generar un sistema de impunidad total y hay que enviar mensajes claros a la ciudadanía”.

A su turno, Germán Navas, del Polo Democrático, sostuvo que “hay mucha especulación, pero lo que pasa es que va abrir más las puertas de las cárceles y va despenalizar muchas conductas. Es preocupante que se despenalice la inasistencia alimentaria porque esta es la única posibilidad que tienen las mujeres pobres de mantener en la cárcel al sinvergüenza”.

Pero dijo que con este proyecto le preocupa que se pueda generar impunidad, “en Colombia ya no hay justicia, están soltando a todo el mundo, el Estado le debería decir a la ciudadanía que es incapaz de construir cárceles, que es incapaz de sancionar”.

Otro de los que conoce el tema carcelario, Heriberto Sanabria, del Partido Conservador, explicó que “me parece urgente y necesario frente a la grave crisis carcelaria y penitenciaria que vive el país. Aquí se tiene que hacer una reforma estructural al tema penitenciario y carcelario, pero sobre todo al tema punitivo y al tema de los tipos penales que en estos momentos hacen parte de nuestra legislación penal”.

El representante Harry González afirmó que él acompañó la radicación del proyecto y aseguró que es necesario hacer una restructuración al sistema penal colombiano: “es necesario revisar si simplemente penalizar hechos que ocurran en este país es la solución a los problemas de los colombianos, pero vamos a revisar a profundidad algunas de las propuestas que trae el Ministerio de la Justicia”.

Por último, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, recalcó que este proyecto no va desamparar a los niños, sino que busca que por medio de otras jurisdicciones se impongan sanciones a quienes incumplan.

La iniciativa incorpora una serie de delitos creados a través de leyes ordinarias pero que se encontraban dispersos en la legislación, como tráfico de órganos, fraude en el registro de tierras y fraude en el registro de víctimas, entre otros.

Con este proyecto, el Ministerio de Justicia y los demás miembros del Consejo Superior de Política Criminal (Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Departamento Nacional de Planeación, Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y Ministerio de Educación) buscan construir un plan coherente, eficaz y eficiente. Se espera que durante los próximos días avance su discusión en el Congreso de la República.