Gabriel Sonny Cubillos

Periodista EL NUEVO SIGLO

En el primer semestre del próximo año, después de que el Congreso haya superado en este 2016 la discusión de los proyectos que implementen los acuerdos de La Habana e, incluso, el Gobierno se dé la pela radicando la reforma tributaria, se insistiría en presentar el proyecto que  suprime la prohibición constitucional de la pena de prisión perpetua.

Así lo señaló el representante a la Cámara del Partido Conservador, Óscar Fernando Bravo, quien en julio de 2015 radicó una iniciativa en ese sentido con el respaldo de varios parlamentarios del Partido de La U, pero que al final tuvo que ser retirada porque precisamente por la densidad de la agenda legislativa, no había tiempo para la discusión de un proyecto de ese calibre, que genera tantas voces a favor y en contra.

“Lo que pasa es que entendemos que en el semestre que viene, lo prioritario va a ser el tema derivado de los acuerdos de paz de La Habana. Creo que muy poco espacio va a haber aparte de si presentan la reforma tributaria y el presupuesto. No creo que haya tiempo este semestre para ese tema. Diría volverlo a revivir en el primer semestre del próximo año, habida cuenta de que ya se habrá terminado prácticamente toda la legislación para la paz, si es que las cosas avanzan, y tendría mayor posibilidad de salir”, explicó Bravo a EL NUEVO SIGLO.

El Parlamentario conservador defendió la necesidad de la cadena perpetua  “porque  hay delitos que se están convirtiendo en emblemáticos en el país y que harían pensar en la necesidad de tener unas penas muy fuertes que vayan hasta la cadena perpetua, a efecto de dar escarnio jurídico, legal, punitivo, a todos aquellos criminales que cometen delitos que trascienden lo normal en el país. Delitos graves contra menores de edad, contra ancianos, violaciones execrables y delitos que hacen pensar que es oportuno eliminar la prohibición para poder mediante una ley ordinaria establecer la pena de cadena perpetua en condiciones específicas y determinadas”.

A pesar de que para muchos la pena máxima que hay en Colombia, de 50 años, es en la práctica una cadena perpetua, el legislador Bravo piensa que “eso depende de la edad del delincuente. Pero más que hacer cuentas sobre si va a vivir ese número de años el delincuente o no, es tener una pena que sirva de ejemplo, de modelo, para que los delincuentes al cometer un delito grave sepan que pueden pasar el resto de su vida tras las rejas, y no que mediante cualquier maniobra de trabajo, de buen comportamiento o de confesión, puedan obtener rebajas considerables, que van a hacer que salgan mucho antes de lo que la pena establece”.

Por ello, acotó el Congresista nariñense, la prisión perpetua en Colombia sería  “una pena emblemática, una pena ejemplar para disuadir a los delincuentes a cometer esa serie de delitos”.

Garavito

A principios de 2011, la entonces senadora Gilma Jiménez (QEPD) alertó que Luis Alfredo Garavito, condenado a 40 años por la violación, tortura y asesinato de 168 niños, podría quedar en libertad, pues tendría algunos beneficios porque cometió los delitos antes del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Garavito, uno de los mayores asesinos en serie en el mundo, logró una rebaja de 24 años por colaborar con la justicia.

Sin embargo por esos días, el entonces vicepresidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, aclaró que Garavito cumplió una de las condenas en su contra, pero  "en otros juzgados del país se están manejando otros procesos, por casos que no ha reconocido, por lo que no hay lugar a que pueda salir de prisión”.

Sin embargo indicó que en el año 2021, Garavito podría solicitar libertad condicional, después de estar tras las rejas desde 1999.

Sobre este caso el representante Bravo dijo que “ese señor que violó más de 160 niños y luego los asesinó es un ejemplo claro de gente que no debería salir nunca a la calle porque van a salir  a cometer los mismos delitos que produjeron su sanción. De menara que Garavito es un buen ejemplo de personajes que merecerían claramente la cadena perpetua”.

El referendo

Gilma Jiménez dio una fallida batalla en el Congreso para instaurar la cadena perpetua por la vía del referendo.

En 2011 la Comisión Primera de la Cámara hundió con 14 votos en contra y 10 a favor, la iniciativa de referendo para condenar a cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores de edad.

En esa oportunidad, la Legisladora no dio su brazo a torcer y anunció que “se equivocaron si pensaron que terminaba este esfuerzo. Ya no está en manos del Congreso el referendo, sino que ahora gracias a la misma ley de participación, el pueblo será quien directamente decida convocar al referendo”.

En ese sentido Jiménez elevó una consulta ante el Registrador Nacional, en la cual solicitó indicar cuántas firmas más “debemos remitir y a partir de qué fecha corren los seis meses que señala la Ley 134 para realizar la convocatoria directa del Referendo de iniciativa popular señalado”.

Sin embargo, el Registrador Nacional, acogiendo un concepto que entregó el Consejo Nacional Electoral sobre este asunto, señaló que “no es posible convocar directamente dicho referendo ya que los referendos que buscan modificar la Constitución Política deben ser convocados mediante ley aprobada por el Congreso”.