Un domingo sin ir al supermercado es la propuesta lanzada a través de las redes sociales por consumidores y organizaciones civiles en Chile, un boicot en respuesta a la supuesta colusión protagonizada por las principales cadenas de supermercados del país
El miércoles, la Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE) denunció a las cadenas de supermercados Cencosud, SMU y Walmart Chile -que controlan el 92,5% del mercado- por participar en un supuesto acuerdo para fijar precios mínimos de venta en la carne de pollo fresca al menos entre 2008 y 2011.
El hashtag #SupermercadosVacios se transformó en una de las tendencias del día en la red social Twitter, donde los usuarios se sumaron a la propuesta con mensajes de repudio hacia las cadenas, el llamado a comprar en ferias y almacenes todos los días y fotos de comercios vacíos.
La protesta "es la expresión de la ciudadanía ante la cultura del abuso que se ha instalado en Chile, la rabia y la indignación se está expresando en esta propuesta de no comprar en supermercados este día", comentó a la AFP el abogado Hernán Calderón, de la Corporación de Defensa de los Consumidores (Conadecus).
"Los consumidores de Chile están siendo reiteradamente abusados por empresas sin ética, sin principios, esto es un golpe al bolsillo de los consumidores", agregó Calderón.
Una ley de cuotas de mercado que eviten los "oligopolios que hoy dominan la economía de Chile" y una ley que permita juzgar como delito la colusión, con penas de cárcel para empresarios y ejecutivos, son medidas necesarias para erradicar la práctica empresarial, puntualizó Calderón.
El caso salió a la luz por otra investigación sobre colusión entre productoras de carne de pollo, condenadas por la Corte Suprema con multa de 60 millones de dólares.
Esta vez señala a Cencosud, con presencia también en Argentina, Perú y Colombia, a SMU, presente en Perú, y a la filial en Chile de la estadounidense Walmart, la cadena de supermercados y minorista más grande del mundo.
Walmart Chile emitió el miércoles un comunicado afirmando que ha colaborado con la justicia, y además destacó su compromiso "con la libre competencia".
El caso golpeó a Chile sumándose a otros hechos de colusión en el cartel del papel higiénico y producción de cemento, entre otros.
El gobierno reaccionó dando prioridad en el Congreso a un proyecto de ley que busca que la colusión deje de ser una infracción para ser sancionada como delito, permitiendo dar penas de cárcel a los implicados.