Duro campanazo de la Procuradora General de la Nación sobre la persistente problemática de los habitantes de la costa Caribe con las tarifas de energía. Para la jefe del Ministerio Público, los valores cobrados en esta zona del país serán justos cuando los servicios que se presten sean de calidad, a un costo razonable y sin discriminación, lo que solo será posible cuando exista unidad interinstitucional que permita un equilibrio entre la sostenibilidad económica y la satisfacción de las necesidades energéticas de la región. Recalcó que se deben revisar los criterios consagrados en la Constitución sobre costos, solidaridad y redistribución de ingresos, para prevenir que se afecte la cobertura o se ponga en riesgo este servicio esencial.