El Gobierno le propondrá al Congreso incluir en el proyecto de equilibrio de poderes que el propuesto tribunal de aforados tenga la facultad “de dictar medidas cautelares para establecer la indignidad de algunos funcionarios y que eso se separe del aspecto puramente penal”.

Así lo planeó el presidente Juan Manuel Santos tras reunirse con las cabezas de la Rama Judicial y la Rama Legislativa, así como con el Fiscal General de la Nación, en la Casa de Nariño.

Se trataría, agregó Santos, de “un régimen de causal de indignidad que tenga este tribunal de aforados”.

Santos también anunció que el Gobierno nacional impulsará ante el Congreso un proyecto de ley para eliminar el cabildeo en la Rama Judicial.

“Se va a presentar un proyecto de ley, el ministro de Justicia va a presentar un proyecto de ley fortaleciendo expresamente la prohibición del cabildeo en la Rama Judicial”, afirmó el jefe de Estado.

Explicó que esa medida es oportuna y necesaria, dado que “lo que hoy existe se considera un tanto difuso”.

“Por eso creemos que dadas la circunstancias y lo que ha sucedido, un proyecto de ley con ese fin es necesario”, sostuvo.

El presidente Santos aseguró que una asamblea constituyente no es el camino para hacer reformas en las instituciones.  

“Algunos dicen que hagamos grandes reformas, incluso hablan de asambleas constituyentes. Ese no es el camino. El camino es utilizar los mecanismos que nuestra propia democracia nos ha otorgado para ir reformando las instituciones, los procedimientos, para ir mejorando la composición de esas instituciones, es decir, las personas que la componen, y así ir corrigiendo los problemas de nuestra democracia en general y de nuestra justicia en particular”, sostuvo el jefe de Estado.

De acuerdo con el mandatario, por iniciativa de su Gobierno se han venido aprobando una serie de reformas en el Congreso que, sumadas, constituyen una gran reforma a la justicia.

Renuncia de Pretelt

De otra parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sostuvo que para no seguir dañando la institucionalidad colombiana el magistrado Jorge Pretelt debe renunciar a la Corte Constitucional, insistiendo en la posición que el Gobierno ya ha expresado anteriormente.

Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, Pretelt ha sido acusado de recibir sobornos para cambiar sentidos de sentencias. El jurista ha dicho que él no recibió los 500 millones de pesos que alega el abogado Víctor Pacheco para reversar una tutela fallada por la Corte Suprema de Justicia en contra de Fidupetrol. Como prueba alega que la ponencia del sustanciador Mauricio González confirmó lo sentenciado por la Corte Suprema, sentido que fue apoyado por él y que finalmente quedó en firme: que Fidupetrol debía pagarle 22.500 millones de pesos al departamento de Casanare.

Según el ministro Cristo, la dimisión “le haría un gran favor a la justicia colombiana por parte del magistrado Pretelt. Así lo han planteado el Congreso de la República, sus propios compañeros en las cortes” y “así lo planteó la Comisión Interinstitucional de Justicia”.

"El Gobierno ya ha expresado su opinión frente al caso Pretelt. Queremos invitar a todas las fuerzas políticas, a las cortes, a toda la ciudadanía, a que más allá de este episodio personal emprendamos una cruzada para recuperar la fe y la confianza de los colombianos en las instituciones y en nuestra justicia porque es muy dañino para la democracia lo que está pasando", señaló el alto funcionario.

Reforma judicial

“Sería muy conveniente el retiro del magistrado Pretelt de sus funciones. Ese retiro es necesario, pero no es suficiente para solucionar el problema de fondo de la justicia y de la tutela. Hay que tomar medidas. Y queremos trabajar en ese propósito con el Congreso de la República y las propias cortes”, expresó Cristo, anotando que en el proyecto de equilibrio de poderes y ajuste institucional se debe trabajar para hacer un completo revolcón del sistema judicial “y empezar con el proceso porque necesitamos salvar la tutela que no puede ser cuestionada”.

A propósito, el senador Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U) y uno de los ponentes del mencionado proyecto, afirmó que la decisión de la plenaria de Senado negando la licencia que por 60 días pidió Pretelt, sentará un precedente a la hora de estudiar el tribunal de aforados propuesto en la iniciativa de equilibrio de poderes que se discutirá en este final de legislatura en su segunda vuelta.

"Al negar la licencia, se abre la posibilidad de que exista un tribunal de aforados que investigue y juzgue a los magistrados de las Cortes porque hoy en día no tienen juez", afirmó, agregando que “la labor que hicimos en el Congreso con Claudia López”, de la Alianza Verde y también ponente del proyecto, “fue muy importante porque al principio los senadores estaban muy interesados en aprobar la licencia”.

"Aquí lo que quedó claro es que hacen lo que quieren, porque no tienen juez y el fuero los blinda de cualquier proceso penal serio. Necesitamos un tribunal de aforados serio, que investigue y juzgue para que en futuros casos como el de Pretelt, que ojalá no se presenten, se pueda conocer la verdad, y haya juicio y sanción. Vamos a insistir en eso en la discusión de la reforma al equilibrio de poderes en la segunda vuelta del proyecto", expresó Benedetti.

Avanzan procesos

Mientras el magistrado Luis Guillermo Guerrero acudió ayer a declarar en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo le ordenó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) practicarle un peritazgo técnico a la grabación en la que el magistrado Luis Ernesto Vargas hablaría con el abogado Pacheco acerca del supuesto pago del millonario soborno para favorecer en la Corte la tutela de Fidupetrol.

La decisión se impartió tras la diligencia de ampliación de interrogatorio a la que fue citado Pacheco, en la que el abogado pidió escuchar la grabación, a lo que se negó el fiscal especializado que coordinó la diligencia, argumentando que no era el momento procesal para descubrir las pruebas, accediendo sin embargo a solicitar el peritazgo.

A la salida de la diligencia, Leonardo Cruz, apoderado de Pacheco, informó que el jurista está decidido a colaborar con las autoridades sobre la investigación.

"Sencillamente está manifestando su interés de seguir colaborando. Eso es todo. Los interrogatorios se desarrollan con una serie de formalidades y nosotros queremos recabar. Estamos al frente de esta situación y la Fiscalía nos refirió que estamos a disposición de ella", manifestó Cruz.

En una primera diligencia en la Fiscalía, Pacheco recordó un episodio que se registró a finales de 2013 durante un homenaje a los magistrados Humberto Sierra y Juan Carlos Henao. Allí, dijo, antes de empezar el certamen habló con Pretelt, quien le dijo que supuestamente la tutela de Fidupetrol había salido seleccionada por la Corte y que el magistrado sustanciador era González; Pretelt le habría sugerido a Pacheco alistar 500 millones de pesos para conseguir un constitucionalista de quilates que llevara el caso en el alto tribunal.