Una estrategia para frenar la violencia en centros educativos oficiales tramitará el Congreso una vez se reanude la legislatura en marzo.

La iniciativa establece la mediación escolar como una estrategia alternativa para la solución de conflictos en las instituciones educativas oficiales de básica primaria, básica secundaria y media del país.

El Ministerio de Educación Nacional asumiría la gestión, socialización en las instituciones educativas, el seguimiento y asesoría para su implementación, y las labores de coordinación general que requiera la implementación de la presente estrategia.

El objetivo, explicó la representante por Antioquia, María Regina Zuluaga, del Centro Democrático, es fomentar espacios de paz y convivencia en la comunidad educativa para generar un ambiente abierto a la solución positiva de los conflictos, evitar los focos de violencia y armonizar las relaciones.

Para tal fin se establecería la figura del mediador, quien actuará como tercero imparcial buscando un acercamiento efectivo entre las partes en disputa.

La iniciativa es la número 168 de 2015 Cámara, “por medio de la cual se establece la mediación escolar como una estrategia alternativa para la solución de los conflictos en las instituciones educativas oficiales”, radicada el 2 de diciembre por Zuluaga y sus compañeros de la bancada uribista en la Cámara (Hugo Hernán González, Óscar Darío Pérez, Álvaro Hernán Prada, Edward Rodríguez, Samuel Hoyos, Esperanza Pinzón, Tatiana Cabello, Fernando Sierra, Santiago Valencia, María Fernanda Cabal, Wilson Córdoba, Carlos Alberto Cuero, Pierre García, Federico Hoyos, Marcos Díaz, Rubén Darío Molano, Ciro Ramírez y Margarita María Restrepo).

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, en los últimos años, se han venido presentando en las instituciones educativas, reiteradas situaciones de violencia entre los estudiantes, que son motivo de preocupación para las autoridades y la comunidad educativa en general. Una de ellas es el denominado matoneo o bullying, una forma de violencia que se presenta entre los estudiantes, difícil de detectar por parte de los adultos, con graves consecuencias en el desarrollo de la personalidad de quienes lo padecen, en el rendimiento académico y sobre todo en el clima de aprendizaje que debe predominar en toda Institución Educativa. Según la representante Zuluaga, con el proyecto el uribismo continúa “con su tarea de proteger a la familia y a los niños, niñas y adolescentes, que requieren de la atención total del Estado y de oportunidades para el sano esparcimiento, la convivencia pacífica y la resolución de conflictos que les permitan sostener relaciones armónicas con sus semejantes”.

La exposición de motivos señala que “es necesario profundizar sobre los conflictos inherentes a las relaciones interpersonales que se presentan en las Instituciones Educativas del país y por tal razón con la presente iniciativa legislativa se apoya el diseño e implementación de mecanismos y estrategias para enfrentarlos, interpretar las señales de alarma que se manifiestan en las aulas y facilitar su corrección temprana para evitar tragedias como las que hemos presenciado durante los últimos tiempos”.

Los congresistas consideran que “uno de los estudios sobre violencia al interior de las instituciones educativas adelantado por la Universidad de La Sabana en el año 2013, demuestra por ejemplo que infortunadamente las relaciones entre dicentes y eventualmente con algunos docentes, están marcadas por el rechazo, la violencia, el chantaje y la intimidación. Este es un fenómeno que ha tocado en más de un 50 por ciento de la población estudiantil”.

“Respecto a si los estudiantes denuncian este tipo de hechos, el informe muestra que, en más de la mitad de los casos (75 por ciento), sí lo hacen, pero pocos se lo cuentan a algún familiar (22 por ciento) o a un profesor (9 por ciento). El resto prefiere contarles a los amigos. Cuando en una Institución Educativa se hace frente a cada uno de los problemas, con el ejercicio de autoridad pero también apropiando aquellas herramientas idóneas para resolver la confrontación de una manera pacífica, se está propiciando un aporte de sumo valor a la consolidación de espacios libres de conflicto y con la garantía de erradicar los problemas desde su génesis”, plantean los legisladores.

Ley de Convivencia Escolar

El 15 de marzo de 2013 fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos la Ley 1620 de 2013 por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, proyecto radicado el 21 de marzo de 2012 por la entonces ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, y los representantes Juana Carolina Londoño y Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, así como por Simón Gaviria, del Partido Liberal.

Dicha ley creó una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes, y da la posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan.

Con la ley, el Gobierno nacional creó mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela.

La ley indica además la ruta para fortalecer las estrategias para prevenir la deserción escolar, la cual es causada en buena medida por la violencia escolar y el embarazo en adolescencia.

Precisamente, en este último aspecto, Colombia es hoy uno de los países de América Latina con más altos índices de embarazo en adolescentes, con un 19,1 por ciento de estas jóvenes entre 14 y 19 años; la mitad de ellas abandonan la escuela para dedicarse a la maternidad.