La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, destacó los avances de Colombia en materia de jurisprudencia ambiental a través de decisiones de jueces administrativos e instó al Estado a que fortalezca cada vez más el importante papel que juegan en la protección de ese derecho colectivo.

“Decisiones de jueces administrativos en temas ambientales han llegado a suponer una verdadera reformulación de políticas públicas sectoriales. (…) La administración es la primera destinataria de ejecución de normas que protegen el medio ambiente”, indicó la Ministra Correa durante el Encuentro de Altas Jurisdicciones Administrativas: el juez y el Medio Ambiente, que se realiza en Cartagena.

“Por primera vez en su historia, un país latinoamericano es anfitrión de este tipo de eventos. Esto dice mucho de los avances del país en cuanto a legislación y jurisprudencia”, indicó la Ministra Correa.

La funcionaria enfatizó durante la apertura de este evento que las altas capacidades de estos jueces administrativos deben ser reforzadas por el Estado con la inversión de recursos destinados a la capacitación de jueces especializados en temas ambientales.

“Valdría la pena pensar en la creación de jueces administrativos especializados en materia ambiental. Que estén debidamente capacitados para ponderar los patrones fácticos de los complejos casos sometidos a su consideración y con ello llevar a decisiones cada vez más cercanas en la justicia material”, indicó.

La Ministra explicó que es “inaplazable” que el Estado invierta sumas considerables en la capacitación de jueces para así dar cumplimiento a lo contenido en convenciones y tratados internacionales, como la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de junio de 1992, cuyos principios de precaución rigen las leyes ambientales en Colombia.

“Más allá de las dificultades comunes a toda la administración de justicia, -como lo son la congestión en los despachos judiciales, la excesiva dilación de procesos y la insuficiencia de recursos en recursos financieros, humanos y tecnológicos para atender los casos-, un juez administrativo al enfrentarse a un caso de derecho ambiental tiene que sortear dificultades adicionales y de hondo calado”, indicó la funcionaria. Y agregó que si bien es cierto que los informes periciales aportan elementos en determinado caso, estos son tan solo pruebas que no desplazan al funcionario judicial que en todo caso debe tomar decisiones informadas, en derecho y con la total autonomía. 

La Ministra de Justicia resaltó además que jurisprudencialmente tribunales de México, Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina, ya han iniciado avances en la materia. 

El evento de la Asociación de Altas Jurisdicciones Administrativas (AIHJA) se realiza cada 3 años y en esta oportunidad, la primera vez en Latinoamérica, es organizado por el Consejo de Estado de Colombia. El encuentro, en el que participan delegados de Argentina, Brasil, México, Uruguay y Francia y otros invitados internacionales, tendrá lugar hasta el 10 de abril. Allí se abordarán temas relativos a la biodiversidad, el agua, la contaminación atmosférica y los residuos.

AFP.