LA CREACIÓN de los consejos ambientales municipales y la implementación de las regalías ambientales son los dos proyectos de ley radicados por las bancadas de Senado y Cámara de la Alianza Verde.

Con estas iniciativas, de acuerdo con la senadora Claudia López, se busca  institucionalizar un espacio de participación donde las comunidades tengan voz y voto; y acabar lo que ella califica una actitud arrogante y excluyente del Gobierno, “que se comporta como un colonizador en las regiones”.

Consejos ambientales

La primera iniciativa tiene que ver con la creación de estos espacios que pretenden resolver los conflictos socio-ambientales, que en su mayoría, según los autores del proyecto, se ubican en las zonas más pobladas como las regiones Caribe y Andina, y muchas de ellas, de conservación ambiental.

Para los autores, el sector extractivo explica casi la mitad de estos conflictos que están relacionados con minería, biomasa y energía fósil, destacándose el oro y el carbón, por lo que se necesita crear un mecanismo de participación eficaz y eficiente para las comunidades y entidades territoriales locales.

La propuesta en concreto busca, aparte de crear los consejos ambientales, que se realicen audiencias públicas obligatorias como espacio de discusión con las comunidades desde las primeras etapas de los proyectos. Adicionalmente, que se cree la licencia ambiental para la etapa de exploración minera como  condición necesaria dentro del trámite de licenciamiento ambiental de los proyectos minero-energéticos.

Regalías ambientales

La segunda iniciativa tiene como objeto crear las regalías ambientales como un instrumento económico de compensación e incentivo a los municipios por la conservación de los ecosistemas, áreas ambientales y áreas protegidas en su jurisdicción.

De acuerdo con los autores de la iniciativa, estas poblaciones reciben dineros por explotar los recursos naturales y no por conservar el ambiente, lo que resulta inconveniente para los ecosistemas y la biodiversidad, ya que el costo de oportunidad para protegerlos y conservarlos equivale a lo que se deja de recibir por su explotación o el predial que no se percibe cuando se declara como área protegida.

En ese orden de ideas será destinado el 20 por ciento de los ingresos por predial que reciben las Corporaciones Autónomas Regionales,  que representa un aproximado de 100.000 millones de pesos, a compensación del predial de los municipios para proyectos de conservación y pagos de servicios ambientales.

Estos recursos serán utilizados por los municipios en proyectos de conservación, desarrollo sostenible, prevención, corrección y restauración ambiental de las áreas protegidas y ecosistemas registrados.

Dentro de estas regalías, también se contempla que se reciban otros recursos del Presupuesto General de la Nación y de cooperación ambiental, con los cuales la Nación podría cofinanciar iniciativas de conservación.

En ese sentido deben ser objetivos en el posconflicto mitigar el deterioro ambiental a causa del conflicto interno del país y del cambio climático, como eje de construcción de paz sostenible y duradera. 

Lo que analizan las bancadas verdes del Congreso de la República es que las entidades territoriales “ven su patrimonio ambiental como una carga” y actualmente “tenemos 15,7 millones de hectáreas de áreas protegidas, adicional a los ecosistemas no registrados sin ningún incentivo económico para su conservación”.

“En el país existen 46 municipios que tienen más del 50 por ciento de su territorio como área protegida”, insisten los autores.

Registro Único de Ecosistemas

Lo que se busca además con el proyecto de las regalías ambientales es que se cree un Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales para incluir las que no estén en el Registro Único como: Ecosistemas estratégicos, reserva de recursos naturales renovables, áreas de reservas forestales protectoras, zonas de reserva forestal de Ley 2º de 1959, áreas especiales para la protección de la fauna. También entran allí los páramos, humedales, manglares, pastos marinos, arrecifes, distritos de manejo integrados.

De acuerdo con la iniciativa, ambos registros deberán ser actualizados anualmente por parte  de las autoridades ambientales, además se modificará el Fondo de Compensación Ambiental para que sea la instancia encargada de transferir, en los tres primeros meses del año, a los municipios la compensación del predial por sus ecosistemas y áreas ambientales.

Igualmente, se propone que se incluya en el Comité del Fondo de Compensación Ambiental a un representante de los alcaldes y un representante de los gobernadores, además de sus miembros actuales (dos del Ministerio de Ambiente, uno del Departamento Nacional de Planeación, uno de las CAR y uno de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible).

Finalmente, este proyecto contempla la creación de un mecanismo de monitoreo, seguimiento, control y evaluación a cargo de Planeación Nacional, que sea alterno a los de vigilancia por parte de los organismos de control.