Dentro del nuevo marco jurídico que permita nuevas desmovilizaciones, está la de ofrecer beneficios como la no aplicación de la muerte política.

UNO DE los grandes temas que tendrá que abordar el Congreso en esta legislatura es la adopción de un nuevo marco jurídico que posibilite nuevas desmovilizaciones de grupos al margen de la ley.

Esto es lo que ha sugerido la Comisión de Paz del Senado, la cual le entregó al Gobierno sus conclusiones de este nuevo marco normativo y jurídico, y que por lo pronto, anunció que es necesario presentar al Congreso una reforma a la ley de Justicia y Paz, y a mediano plazo un acto legislativo donde se regule todo lo que tiene que ver con procesos y diálogos de paz.

Según la Comisión, la propuesta de tipo constitucional contendrá un carácter diferencial en el tipo de responsabilidad de comandantes y miembros rasos de los grupos armados.

De igual manera, “bajo el presupuesto de una figura como la amnistía condicionada, en tratándose de delitos que permitan su aplicación, y que no contraríen los estándares internacionales”, aplicar sus beneficios a desmovilizados que sólo hayan cometido el delito de concierto para delinquir.

En las conclusiones se propone, como en la Ley 1424, que los desmovilizados rindan su versión de los hechos y testifiquen en comisiones de verdad, que incluyan mecanismos de sanción y reparación simbólica, es decir, no ante entes judiciales.

“Se estudiará la conveniencia jurídico – política de extender beneficios en materia de derechos políticos a quienes sean responsables por el delito de pertenencia a grupos armados ilegales”, dice la Comisión de Paz. Para ello, propone “concebir como beneficio la exclusión o suspensión de sanciones como muerte política, a quienes hayan incurrido en el delito político”, pues “resulta atractivo a la hora de una eventual negociación con los grupos armados ilegales, siempre y cuando el sujeto esté expresamente calificado y la conducta expresamente definida”.

Sin embargo, la Comisión hizo una distinción en el caso de los narcotraficantes, para los que también pidió otorgar beneficios diferenciados, si colaboran con la verdad y reparación. “En la implementación de la política de paz, debe revisarse muy bien la figura de la extradición, ya que para delitos como el narcotráfico, que bajo ninguna óptica podrían ser considerados delitos políticos, y en tal virtud no podrían ser sujetos de los beneficios del delito político, deben estudiarse otros mecanismos que permitan articular la política de paz, con la información y la verdad que puedan entregar quienes a diario suministran el combustible del conflicto en Colombia: los narcotraficantes”, dicen las conclusiones.

En el marco legal, la Comisión de Paz propone una reforma a la ley de Justicia y Paz “para el presente, en atención a los avances y a la crisis de los procesos actuales, y una nueva ley de Justicia y Paz para el futuro, posterior a la aprobación del acto legislativo que enmarque nuevas condiciones que no son posibles ahora, pero que podrían serlo posterior a la reforma constitucional propuesta”.

Entre los argumentos que entregó la Comisión de Paz para reformar la ley está que ésta necesita una revisión urgente en la medida en que hay más de 25.852 postulados, de los cuales se han iniciado 2.600 versiones libres, con sólo 390 postulados con formulación de imputación, y tan sólo cuatro condenas, y sólo una en firme.

Asimismo, la Comisión también plantea, dentro de la aplicación de la justicia transicional, beneficios a militares que decidan contar la verdad.

“El planteamiento de beneficios para los militares que hayan cometido delitos, resulta válido dentro de un proceso de paz, con una verdadera participación de los mismos militares en el proceso de justicia transicional”.
Cabe resaltar que en las conclusiones no se habla de otorgar beneficios a las bandas criminales emergentes, más conocidas como ‘bacrim’.