De acuerdo con abrir los procesos de consulta pública para la preservación del Parque Tayrona y los sitios sagrados de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, se mostró el alcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo, en referencia al fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena, que ordena suspender la licencia del proyecto Los Ciruelos, además del proceso de licitación y contratación de la concesión de un sector del Parque Nacional Tayrona, que afectan a las comunidades indígenas y al ecosistema de este territorio.

“Me parece bien que se abra los procesos de consulta, que se preserven nuestros parques naturales y que la infraestructura turística que se desarrollan lo construya el estado o en alianza con los privados”, dijo el alcalde Caicedo.

Agregó que la discusión turística o ecoturística en relación a los parques, o en relación a los puertos en la restante franja costera, tiene que darse en el marco del Plan Estratégico de Ciudad.

“El Plan Estratégico de Ciudad que está incorporado en la nueva Ley de Distritos, debe ser adoptado en seis meses, de cara a los 500 años de fundación en el 2025, con la financiación del orden nacional”, explicó.

Finalmente señaló que Santa Marta tiene que definir su vocación a largo plazo, teniendo en cuenta que el 50 por ciento de su territorio se encuentra en Parques Nacionales Naturales  y ver como se ordena el turismo en el resto de la Ciudad.

“La Ciudad se está expandiendo y tiene unos límites de crecimiento, allí existen unos costos de oportunidad, lo que debe derivar unas compensaciones en servicios ambientales”, indicó.

Rifirrafe

Un enfrentamiento entre el Gobierno y los dirigentes indígenas se evidenció en torno a las consultas previas.

Como lo ha venido informando EL NUEVO SIGLO existe un corto circuito entre lo que esperan las comunidades indígenas de la aplicación de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que regulan la consulta previa, y la visión que tiene el Gobierno sobre esos mismos tópicos.

Ayer el viceministro para la Participación Política, Aníbal Fernández de Soto, le dijo a Caracol Radio que en el último año se invirtieron más de 12.000 millones de pesos en consultas previas con las comunidades indígenas y afrodescendientes, que no han arrojado ningún avance concreto para la presentación de varios proyectos de ley en materia medioambiental, como la ley de desarrollo rural, la reforma a las corporaciones autónomas regionales o el Código Minero.

El funcionario dijo que "no podemos aceptar bajo ninguna consideración que haya intención de que la consulta se entienda como un mecanismo transaccional y, entonces, quien está interesado en impulsar un proyecto compre conciencias de las comunidades y a partir de ahí se logren acuerdos para avanzar. Eso es inaceptable".

Esas palabras fueron rechazadas por Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC): "Nosotros no podemos aceptar, desde ningún punto de vista, que se le quiera decir al país cosas amañanadas. El movimiento indígena rechaza categóricamente esas afirmaciones y nosotros consideramos que ese es un derecho fundamental".

Arias recordó que en el caso de la Ley de Desarrollo Rural, en su momento, no se presentó el proyecto final a tiempo, pero que hubo una discusión en ese sentido, a comienzos de 2012, entre el entonces ministro del Interior, Germán Vargas, y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

Ministros en la Corte

Como lo informó ayer este Diario, fue aplazada la visita informal programada a la Corte Constitucional por parte del ministro del Interior, Fernando Carrillo, y otros integrantes del gabinete con el objeto de abordar el tema de la consulta previa, asunto por el cual en este momento están frenados por lo menos tres proyectos ‘gordos’ del Gobierno.

La cita, pospuesta por motivos de agenda del alto tribunal, fue reprogramada para el 20 de febrero.

Este Diario conoció que además del titular del Interior, dos ministros más tenían planeado asistir a esta cita con el objeto de tener plenas claridades sobre el mecanismo de consulta previa, específicamente tras una sentencia de este alto Tribunal en diciembre pasado, en que ordena al Ministerio del Interior que le dé participación a todas las comunidades afrocolombianas en la Comisión de Alto Nivel Nacional.