Transformar la Contraloría General de la República en un ente jurisdiccional, es una de las prioridades que Cambio Radical traerá mañana al Congreso. Así lo explicó el presidente de la colectividad, Rodrigo Lara, al mencionar las iniciativas que se radicarán y que esperan que salga adelante. Lara Restrepo también habló sobre las tareas que le esperan al Senado y a la Cámara en esta nueva legislatura que se da inicio.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles serán las prioridades de Cambio Radical a partir de mañana 20 de julio?

RODRIGO LARA: Vamos a presentar un total de 11 iniciativas. La primera propone profundizar al proceso de descentralización transfiriendo a título experimental a las regiones con más capacidad administrativa competencias diferenciadas y con la posibilidad de convertir el poder reglamentario en un poder de modificación de la ley. La segunda propuesta consiste en un acto legislativo que transforma a la actual Contraloría General de la República en un tribunal de cuentas para que sea más eficaz en la lucha contra la corrupción, tenga carácter jurisdiccional y esté en la capacidad de asistir de manera independiente al Congreso su ejercicio de control político.

ENS: ¿No le gusta como está en la actualidad la Contraloría?  

RL: La Contraloría es un ente de naturaleza administrativa y queremos que se convierta en un ente de carácter jurisdiccional con plena carrera administrativa, con independencia total en su elección en la rama ejecutiva, a fin de que cuente con la capacidad de impugnar los actos administrativos que implique gastos y asistir al Congreso de manera independiente a la rama ejecutiva en su control político.

ENS: ¿Cómo quedarían las contralorías departamentales?

RL: El tribunal de cuentas a imagen y semejanza de la organización jurisdiccional, cuenta con tribunales departamentales de cuentas, eso no implica que se eliminen las contralorías, sino que serían como un apoyo a las alcaldías y gobernadores.

ENS: ¿Y la Auditoría General?

RL: Realmente no tiene razón de ser este órgano, es como si nos inventáramos la procuraduría de la Procuraduría, o la Corte Constitucional de la Corte Constitucional, es como inventarse en día de mañana el Consejo Superior de la Judicatura del Consejo Superior de la Judicatura, aquí hay una duplicidad muy clara de funciones. La Contraloría General de la República y la Procuraduría son órganos sobre los cuales no existe nada más, son órganos de cierre.

ENS: ¿Qué otras iniciativas tiene dentro de las prioridades?

RL: Vamos a proponer una reforma a la Constitución para que los alcaldes y gobernadores sean cabeza de lista de las respectivas listas a las Asambleas y al Concejo a fin de que ellos estén en la capacidad de jalonar, con un sistema de dos vueltas la conformación de estas dos corporaciones.

ENS: ¿Tengo entendido que tienen proyectos ambientales?

RL: Sí, un proyecto de ley que obligue destinar un porcentaje de la deforestación de las fincas. Un cuarto proyecto estableceremos nuevos indicadores vinculantes en materia de satisfacción de usuario al servicio de salud. Tenemos un importante proyecto que busca crear una nueva modalidad de vinculación laboral,  entre el contrato de prestación de servicio y la relación laboral formal, que se traduce en una protección menor a aquella que provee el contrato laboral pero que se adapta a nuevas formas de la economía, como el caso de economía colaborativa.

ENS: ¿Insistirán en algunos proyectos?

RL: Sí, claro, iniciativas que habíamos presentado como la libertad de testamento para la pequeña propiedad rural, el proyecto de ley que deshereda los malos hijos.

ENS: En la legislatura que empieza se hablará de una reforma electoral, ¿qué debe pasar con el Consejo Nacional Electoral?

RL: Creo que lo más importante en este caso es establecer un procedimiento electoral claro, creo que existe un margen de discrecionalidad muy grande en cabeza de los magistrados, en este momento contamos con un Consejo Nacional Electoral en su mayora honorable.

ENS: ¿Y la participación política de los ex militantes de la guerrilla de las Farc? 

RL: Es un dilema supremamente complejo, porque por un lado los procesos de paz tienen el propósito de incorporar en la vida civil a gentes que estaban en la ilegalidad, en este caso alzados en armas, no obstante es muy difícil que se apliquen normas en materia de justicia transicional y a su vez se  premie con curules, que consiste no en un oficio, sino en una gran dignidad, dado que implica la representación del pueblo colombiano.