Avanzar en el desmonte del esquema de aseo puesto en marcha por el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le urgió hoy la Procuraduría al actual burgomaestre Enrique Peñalosa.

 

A través de un comunicado, el Ministerio Público anunció que, “teniendo en cuenta la solicitud que hizo el Distrito de Bogotá de prórroga del término concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para desmontar las barreras que impiden el ejercicio de la libertad de competencia o de entrada para la prestación del servicio de aseo en el Distrito Capital”, la Procuraduría le presentó al alcalde mayor Enrique Peñalosa “algunas observaciones al respecto”.

 

“Estas radican en cuatro temas fundamentales: solicita que, frente al cumplimiento del auto 587 de 2015 en lo referente a las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), informe sobre las medidas adoptadas por esa entidad distrital para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo cuarto de la resolución número 25036 de 21 de abril de 2014, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que ordenó adecuar la prestación del servicio a lo preceptuado en el artículo 333 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 9, 10 Y 40 de la Ley 142 de 1994”.

 

“Por otra parte, preocupa al Ministerio Público que el Distrito Capital aun no haya actualizado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en especial, cuando se insiste en los Centros de Servicios Públicos de Aprovechamiento, y que la población recicladora continúa siendo remunerada de manera individual, sin olvidar las observaciones que presentó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el pasado 20 de abril, en lo referente a la exclusividad de la actividad del aprovechamiento a la población recicladora”.

 

“En lo concerniente a los contratos suscritos con los operadores por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), y en concordancia con las órdenes impartidas por la SIC, no es claro cuál va a ser su futuro, si se tiene en cuenta que algunos de estos plantean como condición para su terminación la adjudicación de la licitación para contratos de concesión con ASES, sin desatender la remuneración fija establecida en los mismos”.

 

“De igual forma, el órgano de control, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, formula nuevos interrogantes con respecto a: qué pasará con el esquema, si al igual que los contratos está supeditado a la adjudicación de los de concesión con ASES; cómo se garantizará el acceso al relleno si el mismo decreto 564 de 2012 exige previamente la suscripción de un contrato de acceso al relleno con el operador; y, si sólo podrán firmar convenios de facturación conjunta las empresas que hayan suscrito contratos para la prestación del servicio público de aseo con el Distrito Capital”.

 

La Procuraduría señaló “que no es del todo comprensible cómo, pese a las reuniones con el Grupo de Empalme de la nueva administración, celebradas el 03 y 15 de diciembre del año 2015 y luego de transcurridos casi seis meses del presente año, se persista en actividades que han sido cuestionadas por el Ministerio Público durante más de 48 meses, como las que en su momento fueron consignadas en el dieciseisavo informe de seguimiento al Plan de Inclusión del Distrito”.