Procuraduría sancionó 2 ex funcionarios del Incoder | El Nuevo Siglo
Martes, 24 de Abril de 2012

La Procuraduría confirmó la suspensión de 12 meses e inhabilidad especial por el mismo término a Orlando Antonio Maya Martínez y Mario Montoya Gaviria, en su calidad de profesionales especializados del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), por omitir información relevante en un concepto técnico rendido para la adquisición de un predio por parte de este instituto.

 

Los señores Montoya Gaviria y Maya Martínez, profesionales en agronomía y zootecnia, respectivamente, manifestaron a través de un concepto técnico que el predio denominado “Maracaibo”, ubicado en la Vereda La Granja del municipio de Buenavista (Quindío), era apto para desarrollar el programa de reubicación de familias desplazadas por la violencia, pese a que este no reunía los requisitos para ello por cuanto está ubicado en una zona de reserva forestal.

Según la investigación, este concepto técnico dio viabilidad a la compra de este predio por parte del Incoder por una suma superior a los 339 millones de pesos, el cual fue adjudicado a 13 familias en 13 unidades agrícolas familiares. No obstante, fue necesario reubicar a 9 de ellas, “para dar cumplimiento a los fallos de tutela que ampararon los derechos de dichas familias”, porque se estableció que éstas estaban viviendo en condiciones indignas.  

 

La conducta de los citados profesionales “afectó gravemente el patrimonio público, pues la inversión que implicó la adquisición del predio se realizó para 13 familias, y no para 4, que es la real cabida del predio, dadas sus restricciones ambientales”.

En consecuencia, los disciplinados participaron en el proceso de compra por parte del Incoder del predio Maracaibo, “con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y la Ley, y en detrimento del patrimonio público”. 

 

El Ministerio Público señaló que la  sanción de suspensión se convierte en salarios mínimos de acuerdo a la suma que devengaban los implicados para el año 2007, teniendo en cuenta que está establecido que actualmente no laboran con la entidad.