Aunque no consideró que el exsecretario Héctor Zambrano fuera un peligro para la sociedad, la Procuraduría sí reconoció que el exfuncionario debe perder su libertad para proteger la seguridad de la comunidad.

La Procuraduría, en audiencia ante el juez 67 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, se pronunció sobre la solicitud realizada por la Fiscalía para que se le impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva a Zambrano, a quien se le imputaron los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía, conductas que tienen origen en la contratación del servicio de ambulancias para el Distrito Capital en el 2009.

En su intervención, el representante del Ministerio Público advirtió que la argumentación de la Fiscalía, en cuanto a la necesidad de la medida para evitar la obstrucción a la Justicia y sobre el peligro de no comparecencia del imputado, no resultaba adecuada con el orden jurídico y no se basaba en evidencias que pudieran pronosticar un comportamiento en tal sentido.

De igual forma, en cuanto a la necesidad o finalidad de la medida para proteger la seguridad de la comunidad, la Procuraduría encontró que está adecuada al ordenamiento jurídico la sustentación del ente acusador y soportada en la evidencia por la gravedad de las conductas y que las mismas se enmarcan dentro de un fenómeno de organización delincuencial comúnmente denominado el “carrusel de la contratación” en Bogotá.

De esta manera, la decisión adoptada por dicho juez con funciones  de control de garantías incorpora los conceptos emitidos por el Ministerio Público y se impone la medida de aseguramiento de carácter intramural, decisión que no fue apelada, por lo que se ordenó el encarcelamiento del ex funcionario distrital en el establecimiento penitenciario de La Picota.