Hoy es un día en memoria de las víctimas, también un día de repudio a los victimarios, sin importar si fueron las FARC, el ELN, las antiguas AUC, las bandas criminales o agentes estatales que actuaron en contra de la Constitución al violar los Derechos Humanos.

 

 

El fin de la violencia, indistintamente de cuál sea la razón que se invoque para pretender justificar lo injustificable, debe ser la prioridad de la sociedad colombiana.

 

Para lograrlo se requiere que primero estén las víctimas y sus derechos. No los victimarios y su pretensión de impunidad.

 

Una necesaria contribución a la paz es que los victimarios se reconozcan como tales, se arrepientan públicamente y pidan perdón por sus atrocidades. El “negacionismo” de los victimarios no permite la reconciliación. La Procuraduría insiste: no importa quién sea el victimario.

 

Solamente sobre el respeto a los derechos de las víctimas es posible construir un Pacto para la Paz entre todos los colombianos. Un Pacto que garantice que lo que se acuerde con las FARC se cumpla y se pueda cumplir.

 

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, la Procuraduría General de la Nación reitera su llamado a las instituciones del Estado responsables de la ejecución de la ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) para que avancen de manera efectiva en la implementación de las medidas de reparación integral allí previstas en beneficio de los colombianos afectados por el conflicto armado.

 

Este organismo de control ha advertido en varias oportunidades sobre los riesgos de que un importante porcentaje de las víctimas queden al margen de los mínimos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición que el Estado debe asegurarle a esta población.

 

En este sentido formuló recientemente algunas observaciones frente a las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND), a los siete años y medio de la promulgación de la ley de víctimas sólo se habrá reparado de manera parcial a un 14% de ellas, dado que a la fecha en el Registro Único de Víctimas (RUV) se conoce una cifra 7´201.034, de la cual seguirá aumentando en tanto presenten su declaración las personas afectadas por hechos posteriores a la promulgación de la citada Ley 1448.

 

 

Asimismo, la Procuraduría radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca la prórroga del artículo 155 de la citada norma, de manera que quienes se consideren víctimas por hechos ocurridos antes del 10 de junio de 2011 tengan un año más poder rendir su declaración ante el Ministerio público, dado que este plazo vence el próximo 10 de junio y resulta insuficiente para la recepción de dichas declaraciones. Este organismo de control insta al Gobierno Nacional para que se envíe mensaje de urgencia al Congreso para el trámite de dicha iniciativa.

 

De ser aprobado por el Congreso este proyecto de ley, se brindarían prontas y definitivas soluciones a comunidades como la de colombianos residentes en el exterior, miembros de la Fuerza pública y sujetos colectivos étnicos y no étnicos, quienes hoy no cuentan con la suficiente información, conocimiento, orientación y acceso a las garantías de las que son titulares conforme a la ley.

 

De otra parte, la Procuraduría General de la Nación formula un llamado, igualmente respetuoso, a las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) en aras de acelerar los procesos y rutas para la implementación y materialización de las medidas que creó la Ley 1448 de 2011 y que reclaman superar la continua reformulación del diseño y planeación de la política pública.

 

 

La conmemoración de este Día Nacional de la Solidaridad con la Víctimas del Conflicto se constituye sin duda en una oportunidad para manifestarle a los millones de colombianos afectados por la violencia que la Procuraduría General de la Nación continúa firme en su compromiso con la protección de sus derechos fundamentales e irrenunciables, velando porque en ningún escenario se desconozcan los mínimos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, y que bajo ningún presupuesto las actuaciones o decisiones del estado vulneren la Constitución Política ni el derecho internacional.