Doce senadoresson investigados por la Procuraduría, cuyo titular podría ser reelegido por el Senado antes de terminar el año.
El número de integrantes del Senado investigados disciplinariamente por el Ministerio Público fue certificado por el Entidad en respuesta a un derecho de petición enviado al procurador Alejandro Ordóñez por la Coalición por una elección transparente de Procurador General de la Nación.
Los senadores son Hernán Andrade, Myriam Paredes y Eduardo Enríquez, del Partido Conservador; Álvaro Ashton y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; Karime Motta, Carlos Enrique Soto, Jorge Balleteros, Musa Besayle y Eduardo Merlano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U); Jorge Londoño, del Partido Verde; y Alexander López, del Polo Democrático.
De acuerdo a la información recibida, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) y miembro de la Coalición, el 14 por ciento del Senado está impedido para el proceso de elección del Procurador y no solamente para votar sino también para participar en algún tipo de campaña.
La Coalición también hizo el ejercicio de preguntarles a los congresistas y a los magistrados de la Corte Suprema, tribunal que ternó a Ordóñez, si tienen familiares hasta cuarto grado de consanguinidad vinculados laboralmente con la Procuraduría.
Hasta el cierre de esta edición habían respondido 85 de los 99 congresistas que actualmente tienen asiento en el Senado y 17 de los 18 magistrados de la Corte.
Los senadores José Francisco Herrera, de Cambio Radical, y Félix Valera, del Partido Verde, reportaron tener familiares en el Ministerio Público, así como los magistrados Jorge Mauricio Burgos, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz.
El magistrado José Leonidas Bustos, cuestionado por el presunto vínculo laboral de su esposa con la Procuraduría, manifestó a la Coalición que no respondía porque supuestamente viola su derecho a la intimidad y por considerar el pedido de información como intrascendente pues por una incapacidad médica no asistió a la sesión en la que la Corte escogió como candidato a Ordoñez.
“El poder judicial debe ser transparente y el doctor Bustos ganaba más informando sobre sus familiares en la Procuraduría, que con la respuesta que nos dio”, afirmó Gloria María Borrero, vocera de la Coalición y directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.
La Coalición invitó a los ciudadanos a ampliar la información presentada, en aquellos casos que así lo consideren necesario. “El objetivo de este proceso de solicitud de información no es más que promover una elección de Procurador igualitaria y por mérito y sin conflicto de intereses. Nada tiene que ver con las orientaciones particulares de los candidatos”, manifestó la Coalición a través de un comunicado.
Componen la Coalición por una elección transparente de Procurador organizaciones de Elección Visible y de la Coalición de Ciudadanos por la Justicia: Corporación Excelencia en la Justicia, Misión de Observación Electoral, Transparencia por Colombia, Instituto de Ciencia Política, DeJusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad), Protransparencia – Atlántico, Movimiento Ciudadano Manos Limpias, Ámbito Jurídico, Fundación ProCartagena – Funcicar, Invamer y Comisión Colombiana de Juristas.