La Procuraduría General de la Nación fundamentó su inconformidad con la decisión del Juzgado en el hecho de que el Juez otorgo el beneficio señalando que el interno padece una grave enfermedad pero desconoce los criterios científicos del Instituto Nacional de Medicina Legal, plasmados en dictamen pericial que obra en el proceso según el cual el paciente podía estar aislado y hospitalizado en área de sanidad.

Otro argumento que a juicio del Ministerio Público inobservó el juez fueron los antecedentes penales y anotaciones del condenado, quien registra una orden de captura por el delito de fuga de presos y una detención preventiva por homicidio agravado y varias investigaciones en la justicia especializada.

Con la apelación interpuesta por el Ministerio Público se busca, de una parte, evitar la fuga del citado condenado y, y de otra, su reclusión en área de sanidad o casa fiscal por cuenta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desde donde se garantiza el derecho a la vida y la comparecencia a las autoridades que lo investigan.