El Procurador, Alejandro Ordoñez, pidió a la Corte Constitucional que tumbe el impuesto de armas y municiones contemplado en la reforma a la salud por un vicio de procedimiento.

El impuesto contempla que todas aquellas personas que porten armas desde 1996, excepto los miembros de las Fuerzas Públicas, tendrán que pagar su costo, el cual sería cobrado con la expedición o renovación del salvoconducto del arma.

El precio del impuesto de las armas será de un 30 por ciento de un salario mínimo mensual vigente, mientras que el de las municiones contempla una tasa del 20 por ciento de un salario mínimo.

Según el demandante, existe un vicio de procedimiento al plantear que, por ser un tema tributario, el trámite de la norma debió iniciarse en la Cámara de Representantes y no en el Senado.