Con un enérgico llamado al Gobierno Nacional para que se corrijan errores en la Ley de Restitución de Tierras y se escuchen a las comunidades inconformes con la aplicación de la misma, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, presidió el día de ayer, junto al defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao, una mesa de trabajo con la comunidad en el municipio de San Alberto (Cesar).

Al evento, el cual contó con la asistencia de más de 1.500 ciudadanos de la región, fueron convocados autoridades del orden nacional, pero no acudieron a la cita con la comunidad. 

"Al evento fueron invitados los ministerios de Agricultura y del Interior, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Unidad de Restitución de Tierras. Pretendieron sabotear el evento, no a la Procuraduría, eso es lo de menos, sino a las comunidades de la región, que quieren plantear preocupaciones sobre la aplicación de la Ley, pero aquí está el Ministerio Público escuchando a la ciudadanía para plantearle los temas pertinentes a las autoridades competentes", señaló el procurador.

Al cierre de este espacio institucional, de cuatro horas de duración y en el que se escucharon a más de 25 ciudadanos y líderes comunales que manifestaron sus preocupaciones y quejas por la situación que están viviendo por la aplicación de dicha ley, el procurador envió un mensaje claro: "El Gobierno los tiene que oír, es su obligación", añadiendo que "el mismo Estado es consciente de todas las falencias de la Ley, la cual quedó mal hecha. La obligación es corregir los errores porque reiterar ese desconocimiento de sus derechos es una auténtica violencia institucional".

En su intervención, el jefe del Ministerio Público señaló que "la Procuraduría es el órgano que constitucionalmente está instituido para escuchar a los ciudadanos” y que sus más de 50 procuradores para este tema, dirigidos por el procurador delegado Germán Robles, han intervenido en múltiples procesos y consignan informaciones que demuestran la problemática para los pobladores. En ese sentido, explicó que la "la Ley se hizo para despojar a los despojadores, no a campesinos que de buena fe han trabajado la tierra".

Al igual que lo hizo el pasado martes en Sabanas de San Ángel (Magdalena), en evento al que sí asistieron las autoridades del Gobierno Nacional, el procurador de los colombianos expuso los principales problemas y dificultades que ha encontrado la Procuraduría en la aplicación de la Ley:

• Inducción a solicitantes o a antiguos reclamantes de tierras cuando ellos no las pretenden y solo esperan una reparación económica, por esa razón no retornan a los predios restituidos.

• En la zona pudo existir violencia, pero en muchos casos esa no fue la causa de la venta.

• En muchos casos no hubo desplazamiento, las personas o "desplazados" vendieron y permanecieron en la zona.

• Los invasores fueron adjudicatarios del Incora que después vendieron las parcelas y ahora aparecen reclamando a los opositores de buena fe.

• Procesalmente hay notificaciones irregulares a los propietarios actuales, al utilizar únicamente la fijación de un aviso en el predio, lo cual no comunica debidamente y se traduce en desconocimiento de las decisiones para los ocupantes del predio.

“Uno no puede identificar al reclamante como guerrillero y tampoco a un opositor de buena fe como paramilitar”, agregó el procurador Ordóñez Maldonado, quien solicitó nuevamente al Gobierno no estigmatizar como responsables de despojo a quienes reclaman sus derechos y solicitan revisar y corregir las falencias de la Ley.

“No voy a aceptar la camorra que me planteó el señor presidente de la República”

Frente a la decisión gubernamental de última hora de cancelar el apoyo aerotransportado del Ejército Nacional, lo que obligó a un desplazamiento terrestre entre Bucaramanga (Santander) y San Alberto (Cesar), así como ante los señalamientos realizados por el presidente Juan Manuel Santos por la realización de este tipo de eventos institucionales con la comunidad, el procurador general de la Nación recordó quiénes son los verdaderos enemigos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y dejó en claro que no se prestará a las tentativas de desviar la atención de las problemáticas en la materia con “camorras” a través de los medios de comunicación .     

“No voy a aceptar la camorra que me planteó el señor presidente de la República. Los únicos enemigos de la Ley de Restitución de Tierras son los victimarios de las FARC, con los que el Gobierno está sentado en La Habana, los únicos enemigos de la restitución de tierras son el ELN y las Bacrim, no nos digamos mentiras. Afectuosamente le puedo decir al señor presidente: amárrese los pantalones y combata a los únicos despojadores”, aseguró.

El jefe del Ministerio Público concluyó anunciando que “así pretendan crear todos los obstáculos, terrestres o aéreos”, la Procuraduría General de la Nación continuará ejerciendo, en cualquier lugar del país, sus funciones constitucionales en defensa del debido proceso y de las garantías de la comunidad.