“Es incompatible con la Constitución que se repita lo ocurrido en el corregimiento de Conejo, esto es, que decenas o centenares de miembros de las FARC armados tomen una población contando de antemano con la pasividad de las Fuerzas Militares y de Policía”, señaló este viernes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en comunicación enviada al ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, en referencia a los alarmantes hechos ocurridos en la víspera en Conejo (La Guajira), donde miembros del grupo terrorista realizaron actos de proselitismo armado, violando los acuerdos adquiridos en La Habana y desmintiendo los reiterados anuncios del Gobierno Nacional a la ciudadanía, que había asegurado que no permitiría que las FARC hicieran política respaldadas por las armas y la consecuente amenaza a la población civil.      

El jefe del Ministerio Público recordó al responsable de la cartera de Defensa que el Gobierno, por mandato constitucional, tiene la obligación de garantizar la seguridad de los colombianos y crear zonas de despeje es una flagrante violación a la carta constitucional y a la Ley.  

“No se trató de una visita pedagógica ni de una reunión para socializar los acuerdos en un campamento guerrillero, sino de un típico evento de proselitismo político armado en un casco urbano. El Gobierno señala que ‘no tolerará que las FARC hagan política con armas’, pero un suceso de esa magnitud y la asistencia de tan grande número de guerrilleros no se hubiera podido llevar a cabo sin la previa autorización gubernamental de la visita y sin ordenar a la fuerza pública estar ausente del lugar, instrucción que solo puede provenir de la línea de mando, conforme a la Constitución y a las normas que regulan la materia”, explicó. 

En su comunicación, el jefe del órgano de control lamentó que el Gobierno no proteja a los ciudadanos y sí brinde todas las garantías de seguridad a los cabecillas de la organización terrorista FARC.  

“El Estado no puede dejar a la población civil en manos de un grupo armado ilegal, sean las FARC, el ELN o las bandas criminales Bacrim, como sucedió en este caso. En la práctica, la inmovilización de la fuerza pública desprotegió a la población mientras proporcionó protección a los integrantes de las FARC. El artículo 2 de la Constitución consagra que las ‘autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades’, no para abandonarlas al arbitrio de los criminales”.

“El Gobierno Nacional carece de competencia para crear zonas de despeje y hacerlo viola la Constitución y la Ley”, puntualizó el procurador de los colombianos, quien agregó que desconocer los mandatos legales en la materia “acarrea eventuales consecuencias disciplinarias”.

“Se concede inmunidad a los responsables de crímenes atroces y narcotráfico. Es la eliminación del Estado de Derecho. Esa posibilidad está absolutamente prohibida por el ordenamiento jurídico vigente”.

El alto funcionario solicitó al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos brindar oportunas aclaraciones sobre este hecho y a su vez manifestó inquietudes en lo referente a los principios de neutralidad del Comité Internacional de la Cruz Roja y los países garantes del proceso de diálogos en La Habana.

“Llama la atención a la Procuraduría General de la Nación que el Comité Internacional de la Cruz Roja, en contra los principios de neutralidad e imparcialidad a los que está obligado, y los países garantes, Cuba y Noruega, hayan posibilitado la reunión de miembros de las FARC con población civil que ha sido víctima en el conflicto armado, cuando este se mantiene y esa organización sigue delinquiendo. El Gobierno debe tomar las decisiones necesarias para evitar que esa situación se repita”, finalizó.

En pronunciamiento público realizado el día de ayer, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado calificó como “un auténtico desafío a la institucionalidad” lo ocurrido en Conejo (La Guajira).